corrupción en la provincia

'Caso ISE', caso omiso

La concejala socialista Marta Meléndez advirtió a la cúpula de su partido en Andalucia sobre el fraude millonario en la concesión de obras en colegios

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El fraude en la adjudicación de las obras en colegios del Ente de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) de la Junta de Andalucía tiene muchos frentes abiertos. La mayoría están ya siendo investigados y judicializados, pero hay una pata que aún no se ha tocado: la de las responsabilidades políticas, si las hubiere.

En todo este proceso hay una figura clave, la mujer que durante años fue la administradora de gestión de servicios del ente, ahora despedida de la empresa pública, la concejala del PSOE Marta Meléndez. Por sus manos pasaron algunos de los contratos presuntamente fraudulentos, por sus ojos y oídos mucho más. Visitas demasiado frecuentes y amistosas de media docena de empresarios al principal encausado por el presunto fraude, el que fuera gerente del ISE, Fernando Ameyugo; presiones para la concesión de contratos imposibles de justificar (que ella nunca llegó a autorizar); tratos de favor; ocultación de datos... Todo esto según la versión de la concejala socialista.

La pregunta lógica en este punto, una de ellas, es por qué no denunció nada de lo que cuenta ahora. Y la respuesta que da es que «nunca vi un presupuesto, no era mi labor, nunca pasó por mis manos un documento que dejara ver a las claras que las concesiones eran ilegales. Muchísimo menos supe que algunas de las obras ni siquiera se llegaban a realizar. Eso no me lo podía ni imaginar. Nunca pude denunciar porque no tenía pruebas de nada, sólo indicios, sospechas de que las cosas no se hacía bien».

Por eso, dice, nunca acudió a la Policía. Pero todo eso, sumado a una situación laboral que define como insostenible, rayana en el acoso, terminó por desestabilizarla emocionalmente de tal forma que hasta que se hizo pública la investigación judicial se planteó si tal vez era ella la equivocada. Con toda una oficina en contra y unos responsables que no la tomaron en serio su capacidad de acción quedó prácticamente anulada. Pero algo sí hizo: denunciarlo en otros foros, en los despachos.

La situación límite a la que llegó Marta Meléndez entre los años 2006 y 2008, cuando compartió oficina con Fernando Ameyugo y otros de los ahora imputados en la causa del ISE, le llevó a trasladar su temor por las posibles irregularidades en la gestión de la empresa pública a muchas de las personas que desde 2007 formaron parte de su entorno más cercano. En esa época comenzó su carrera política como concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz. Todos en el grupo municipal de aquel momento, desde el portavoz, Rafael Román, hasta el que era secretario local del partido, Federico Pérez Peralta, supieron por Meléndez lo que ocurría. No todos tuvieron acceso a la misma información detallada, empresarial, pero sí conocían de primera mano la situación personal de la concejala dentro de su trabajo.

Pero la transmisión de información sobre la situación del ISE no se quedó en los despachos de San Juan de Dios o Gaspar del Pino. Meléndez acudió a todas las esferas con alguna responsabilidad política en la gestión de la empresa, que, no hay que olvidar, forma parte de la estructura de empresas públicas de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Y fue justo ahí, al vértice de la pirámide, a la máxima responsable del momento en la Consejería, Teresa Jiménez, hasta donde llegó de primera mano la información sobre posibles actuaciones irregulares por parte del gerente del ISE en la provincia de Cádiz. Pero nadie hizo nada. «Hubo un momento en que me hicieron sentir que estaba loca. Todo el mundo le quitó importancia a lo que les estaba contando. No se investigó nada de lo que trasladé. Al contrario. Al final las represalias fueron contra mí», cuenta.

Lo primero que intentó Meléndez, una vez que comprueba que el 'modus operandi' de Fernando Ameyugo a la hora de adjudicar las obras del ISE dista mucho de ser el que, a su juicio, debería ser, es, en abril de 2007, informar a la responsable de Recursos Humanos de la empresa en aquel momento, María José Gómez, y al director general de ISE Andalucía, entonces Fernando Contreras. Este la escucha y traslada sus quejas a Ameyugo. Ahí se rompe ese hilo interno. El gerente sabe que Meléndez ha comenzado a moverse y ahí empieza lo que ella califica como «un infierno», un periodo en el que sufre varias crisis de ansiedad, una de las cuales, en noviembre de 2007 termina con ella en el hospital, siendo atendida de urgencias, y, debido a que estaba en un avanzado estado de gestación, con una baja médica. Esa visita obligada al médico la hace, por cierto, con la actual gerente del ISE, Natalia Álvarez, que entonces era concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz y estrecha colaboradora de Marta Meléndez en su labor pública.

A nivel político, antes de llegar hasta la sede de la Consejería en Sevilla, Meléndez recurrió a otras puertas a las que tenía un fácil acceso gracias a su carné socialista. La concejala se reunió en primer lugar con el delegado provincial de Educación, Manuel Brenes, el mismo hombre que nombró primer coordinador del recién creado ISE en 2005 a Fernando Ameyugo. Cuando Marta Meléndez le contó la situación que estaba viviendo, tanto personal como laboral, al delegado en enero de 2008, estando de baja por ansiedad, este «le quitó importancia». Meléndez le cuenta los numerosos desencuentros que mantiene con el gerente, con un capítulo reciente que hace explotar su relación. Dice la exadministradora que Ameyugo, en febrero de 2007, 'toca' la caja de la empresa, de la que saca 40 euros para pagar un servicio especial de fin de semana a un conserje. Esa caja, custodiada por ella, desata una tormenta, «no por la cantidad, sino por la falta de respeto por el dinero público», explica. Brenes consideró que «no era para armar tanto follón». Aún, así cuenta que el exdelegado de Educación le asegura que va a hablar con Fernando Ameyugo, que va a sentarse con los dos, «pero esa reunión no se produjo nunca».

Fue entonces cuando decidió llamar al siguiente despacho. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, José Antonio Gómez Periñán, también se citó con Marta Meléndez. Su encuentro tuvo lugar una semana después de reunirse con Manuel Brenes. Al igual que hizo con el delegado de Educación, Meléndez se presenta en el despacho de Gómez Periñán con una carta en la que relata los hechos que quiere denunciar, y que ella misma considera que «afectan, bajo mi punto de vista, al correcto, normal y legal funcionamiento de la coordinación». Aparte de explicar su situación emocional por las presiones a las que se veía sometida en su puesto como administradora del ISE, Meléndez expone en su carta «incumplimientos en la normativa relativa a la contratación de las administraciones públicas» y «anomalías en la gestión económica de la Coordinación». Todo esto lo detalla a lo largo de varias páginas con ejemplos de adjudicaciones de obras que rozarían, si no lo ilegal, lo antiético. Incluso aparecen contratos, que ella considera que incumplen la normativa, con la empresa en la que actualmente se centra la investigación por fraude, Contratas y Mantenimientos Pacheco SL. Meléndez anexó a esta carta los expedientes de cada uno de los contratos «irregulares» a los que hacía referencia. Gómez Periñán, según cuenta Meléndez, le da «las gracias» por la información aportada y le dice «que la iba a mirar». Tampoco supo más de él.

Viaje a Sevilla

Con este panorama, Meléndez permanece de baja hasta que da a luz. Durante su permiso maternal, se celebran las elecciones autonómicas de 2008. Es entonces cuando llega a la Consejería de Educación Teresa Jiménez, actual vicepresidenta tercera del Parlamento Andaluz. Con ella llega al máximo escalafón del ISE Miguel Ángel Serrano, que sustituye como director general a Fernando Contreras Ibáñez. Meléndez, aún estando de baja, solicita una reunión inmediatamente con el nuevo director, que se niega a recibirla mientras no se reincorpore a su puesto. Pero sorprendentemente, quien sí acepta verla es la nueva consejera. La entrevista no la solicita directamente Marta Meléndez, sino una compañera del ISE que trabajaba en otra delegación provincial y que, sabedora de los problemas existentes en Cádiz, y movida por otras cuestiones personales, se pone en contacto con la socialista gaditana y pide una recepción conjunta. Bien relacionada en el partido, consigue que Teresa Jiménez les de audiencia a los cien días de su llegada al cargo, el 24 de julio de 2008.

En el transcurso de esta entrevista, Marta Meléndez entrega a la consejera de Educación una carta en la que explica lo que, según ella, está sucediendo en el ISE. Le cuenta que la adjudicación de contratos se hace constantemente de forma arbitraria, sin publicidad y recurriendo para justificarlo a la modalidad del contrato menor. Eso, a pesar de que hay media docena de empresas que son las que se llevan la mayoría de los trabajos, en todos los casos con cuantías totales que en pocos meses suman cientos de miles de euros. Todos esos datos que denuncia Meléndez aparecen reflejados en el documento entregado a la consejera.

Teresa Jiménez escucha a Marta Meléndez, pero, lejos de ordenar una investigación interna sobre los hechos, se limita a pasar el documento recibido al director general del ISE. Entonces sí, Miguel Ángel Serrano se reúne con la administradora, pero, cuenta esta, que para advertirle de que estaba calumniando a Fernando Ameyugo. Meléndez le anima entonces a que envíe ese mismo documento a su jefe en Cádiz y que este, si en realidad se sentía calumniado, interpusiera contra ella la querella correspondiente. «Entonces se verá si él prevarica o yo calumnio», llega a decirle a Serrano.

Otro Serrano, de nombre Luis, y director de Recursos Humanos de ISE Andalucía, es el siguiente en tener conocimiento de las quejas de Marta Meléndez. Él mismo trató de evitar la reunión de la gaditana y su compañera con la consejera. Para convencerlas incluso las citó una hora y media hora antes de dicho encuentro. Pero no tuvo éxito. No creyó a Meléndez entonces y tampoco lo hizo después de conocer los datos que denunciaba en su escrito. Más aún, él mismo autorizó a Fernando Ameyugo para apartar a Meléndez de sus labores como administradora de la empresa pública a la vuelta de su baja maternal.

Según relata la afectada, al incorporarse al trabajo en septiembre de 2008 le indican, mediante un documento firmado por Fernando Ameyugo, con el consentimiento del director de Recursos Humanos de ISE Andalucía, que su única labor a partir de ese momento era investigar la situación patrimonial de varios institutos de la capital gaditana, lo que implicaba apartarla formalmente de sus funciones como administradora. Empezó así lo que Meléndez califica como un auténtico calvario. A pesar de todo realizó el encargo, presentando el informe que se le requirió, pero fue entonces cuando el gerente del ISE valoró negativamente su trabajo y no se le concedió el complemento salarial por productividad. Esto llevó a Marta Meléndez a denunciar a la empresa ante los tribunales. El proceso continuó hasta ser convocada a juicio, pero tras un retraso, que su defensa justificó con la enfermedad de su letrada, se terminó desistiendo de la demanda. El motivo, cuenta Marta Meléndez, es que cuando en 2011 se le pide que vuelva a ocupar su puesto en el ente público, reconociendo así que se habían equivocado con ella, «quise hacer borrón y cuenta nueva, si no no hubiera podido continuar».

Ese es otro de los matices que dan respuesta a la pregunta clave ya planteada: ¿Por qué no denunció antes? Entran ahí aspectos como la prohibición de sus superiores de hablar de asuntos internos del ISE, como se recoge en el Código Ético de la empresa, que entre otras cuestiones, especifica que los empleados deben «ajustar en todo momento su actuación a los principios de lealtad y buena fe para con la empresa y sus superiores jerárquicos», así como recoge que «el uso o divulgación de la información privilegiada obtenida por razón de sus funciones no se utilizará en beneficio propio o de terceros». Se le exigió, en resumidas cuentas, confidencialidad. Influyó también el cambio de actitud y procedimientos en la empresa. Y, algo fundamental, Meléndez se ha tenido que enfrentar a un conflicto personal, el de la lealtad institucional y política hacia un partido del que es representante en Cádiz.

Hoy por hoy, sostiene que «la misma valentía que tengo para enfrentarme al PP cuando creo que algo es injusto, para mí o para los demás, la tengo para enfrentarme con quien me tenga que enfrentar». Parece que las lealtades, en su caso, ya no son las mismas.

Un paso por la oficina del Bicentenario

El paso de Marta Meléndez por la Oficina del Bicentenario de la Diputación Provincial de Cádiz ha hecho correr ríos de tinta. Mucho se ha hablado de si la concejala tenía siquiera mesa y ordenador en su lugar de trabajo. Ella asegura que sí, y no sólo eso, sino funciones específicas. Según ella misma explica su labor en este organismo durante los años 2009 y 2010 fue la ejecución de un proyecto consistente en la recepción y selección de los relatos participantes en un concurso que finalizó con la publicación de un libro con los textos ganadores. El certamen contó con la participación de estudiantes de Bachillerato y de centros de adultos de toda la provincia, que debían contar cómo afectaron los hechos de 1812 a sus respectivas localidades. Ella se encargó de difundir la iniciativa por los centros escolares y de coordinar la posterior publicación.

Si es mucho o poco, cada quién puede hacer su valoración. Lo cierto es que su traspaso a la Diputación se justificó como una 'movilidad funcional' y contó con el beneplácito tanto del ISE como de la Diputación. Fue Federico Pérez Peralta el que arregló la salida del ente andaluz junto a Francisco González Cabaña, que le buscó acomodo en la institución que presidía en el momento en que Meléndez se había vuelto especialmente incómoda en la Administración andaluza. Reconoce que le hicieron un favor en medio de una situación laboral que ya era insostenible, pero ella, como cualquiera que lea esto, puede sospechar que la rapidez con que se le buscó un hueco en Diputación pudo ser la mejor manera para «quitarla de en medio».