Rifirrafe entre Alaya y Lozano: «Si quiere declarar, declare pero no haga teatro»

La juez Mercedes Alaya ha imputado a Antonio Lozano, exdirector de presupuestos y exnúmero dos de Susana Díaz dos delitos: prevaricación y malversación y le acusa de haber participado en doce modificaciones prespuestarias de la partida 31L (conocida como fondo de reptiles) por valor de más de 57 millones de euros realizadas entre 2002 y 2009, los años que estuvo en el cargo.

La declaración ha sido suspendida después de que se haya producido un enfrentamiento entre la instructora y el abogado de Lozano, José María Mohedano. De hecho, durante la comparecencia, en la que hasta ahora el imputado solo ha contestado a cinco preguntas, se han producido momentos de tensión.

Primero el abogado amenazó con que su cliente no contestaría a la juez si era la secretaria judicial la que dictaba las respuestas para que se recogieran en el acta. Entonces Alaya ha accedido y se han recogido en el acta las respuestas tal y como las contestaba el propio Lozano. Sin embargo, la tensión ha seguido porque la juez ha recriminado que el letrado le tirara de la chaqueta a su cliente cuando no le gustaban las respuestas que daba o incluso que pretendiera pasarle notas con lo que tenía que decir.

En un momento Alaya ha dicho al abogado: «si quiere declarar declare, pero no siga con el teatro». Entonces ha sido cuando otro de los letrados de la defensa ha propuesto hacer un receso en la declaración que, según parece, no va a continuar. Pero antes de que eso ocurrirera la juez ha imputado a Lozano por su participación en la elaboración de los presupuestos asi como en las reuniones «de alto nivel» en las que participaban todos los consejeros que se celebraban para realizar las modificaciones presupuestarias de la partida 31-L.

Además el ex número dos de la actual presidenta de la Junta y anterior consejera de Presidencia, Susana Díaz, también ha admitido que sabía que la figura de las transferencias de financiación no podían usarse para para subvenciones excepcionales ni para gastos generales de explotación. Y ha defendido que todas esas modificaciones las aprueba el Parlamento, la misma tesis que mantiene la Junta de Andalucía en su recurso contra la imputación de Magdalena Alvarez y el resto de altos cargos. Lozano solo ha contestado a cinco preguntas de la juez. El próximo martes está citado su sucesor en el cargo, Buenaventura Aguilera. Ahora, según fuentes judiciales, están redactando el acta para firmar y finalizar.

Finalmente tras el receso el exdirector general ha manifestado su intención de no responder a ninguna pregunta más acogiéndose a su derecho porque, según se ha quejado, no le están respetando sus garantías.

En media hora se celebrará la comparecencia de medidas reales. Mientras que la Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía solo han solicitado que comunique cualquier cambio de domicilio o que se le imponga la prohibición de salir de España, el PP y Manos Limpias piden 76 millones de euros de responsabilidad civil. 57 por la cuantía de las doce modificaciones presupuestarias más el tercio legalmente establecido de 19 millones.