El consejero de la Presidencia se benefició del «fondo de réptiles»
El sumario de los ERE incluye una ayuda de Guerrero a Jiménez Barrios para una feria turística en Chiclana en 2003
Actualizado: GuardarLa nueva presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se vanagloria de haber formado un gobierno ajeno por completo al escándalo de los ERE. Pero el sumario del caso la desmiente, ya que una de las ayudas irregulares concedidas por el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, a través del famoso «fondo de reptiles» de Empleo fue a parar al Ayuntamiento de Chiclana en 2003 después de que su alcalde la solicitara. Curiosamente, el regidor chiclanero entonces era Manuel Jiménez Barrios, que ayer tomó posesión como consejero de la Presidencia de la Junta, es decir, como número dos del gobierno de Susana Díaz.
La propia Junta declaró nulo el procedimiento de esta subvención después de que el Consejo Consultivo hiciera una revisión de oficio en la que impugnaba el acuerdo, pero cuando esto se produjo, el dinero, otorgado para realizar una feria de muestras en la localidad gaditana, llevaba ya años gastado.
El Ayuntamiento de Chiclana, gobernado entonces por el ahora consejero andaluz de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, recibió en 2003 un total de 24.000 euros de la partida presupuestaria 31L, investigada en el caso de los ERE, como ayuda de la Junta a la feria Séptimo Centenario.
Según los datos que obran en el sumario que investiga la juez de instrucción 6 de Sevilla, Jiménez Barrios se dirigió el 10 de enero de 2003 a la Junta para pedir ayuda para dicha feria, que se iba a celebrar entre el 8 y el 11 de mayo de ese año en la localidad.
La ayuda fue otorgada según un convenio firmado entre Francisco Javier Guerrero, entonces director general de Trabajo y ahora principal imputado en el caso de los ERE falsos, yFrancisco Mencía, entonces director del Instituto de Fomento de Andalucía que se encuentra entre el último grupo de veinte ex altos cargos de la Junta imputados.
El entonces delegado provincial de Empleo en Cádiz, Agustín Barberá, escribió al entonces viceconsejero Antonio Fernández -ambos imputados por su papel cuando ocuparon el cargo de viceconsejero y consejero de Empleo- y aconsejó que la Junta concediese una ayuda de entre 18.000 y 24.000 euros, ya que consideraba «de sumo interés nuestra participación».
