De los ERE al Plan Bahía

La investigación que lleva a cabo la jueza Mercedes Alaya sobre el escándalo de los ERE falsos está a punto de salpicar otra vez a la provincia con una nueva cascada de detenciones. Si el caso Mercasevilla destapó el fraude que mantiene en jaque al gobierno de Griñán, ahora su ramificación al territorio gaditano puede extenderse hacia el proceso de prejubilaciones llevado a cabo en la extinta factoría de Delphi y pactado en 2007 con la Junta. Fue el germen del Plan Bahía Competitiva. El PP de Cádiz ha mantenido desde el minuto uno que el fraude de los ERE y la estafa del Plan Bahía guardan una relación directa con el desvió de fondos orquestado desde la Consejería de Empleo. Los papeles incautados por la Guardia Civil en el registro realizado la pasada semana a la aseguradora jerezana Uniter han puesto muy nervioso a la dirección del PSOE gaditano, que teme una procesión por el juzgado sevillano de nuevos imputados. La sospecha de que caras conocidas del socialismo de la provincia pasen a declarar ante la jueza en los próximos días ya es un secreto a voces en los despachos de la sede de San Antonio. «Atentos al nuevo auto de la jueza». Esta es la frase más repetida entre la clase política, que espera con impaciencia la embestida de Alaya.

Las dos aseguradoras que se encargaban de tramitar los ERE, Vitalia y Uniter, son piezas clave para cuadrar este complejo puzzle. Ambas han llegado a cobrar hasta un 30% de comisión por gestionar los expedientes laborales que le facilitaban altos cargos de la Administración regional. La jueza se ha tomado su tiempo para estudiar los papeles encontrados en las dependencias de Uniter, donde pueden estar registradas las últimas operaciones con cargo al denominado fondo de reptiles. El exconsejero de Empleo, el jerezano Antonio Fernández, íntimo amigo del exgerente de Uniter, José González Mata, tendrá que dar de nuevo explicaciones sobre esta relación y su vinculación con los expedientes gestionados por esta aseguradora. Pero el cerco se estrecha y todo apunta a que los archivos de Uniter guardan la combinación secreta de la trama gaditana en el caso de los ERE que sostiene el PP. ¿Dónde ha ido a parar el dinero? El gobierno de Manuel Chaves decidió en 2001 respaldar económicamente a las empresas con problemas que se veían obligadas a presentar expedientes de regulación de empleo para realizar prejubilaciones o despidos. Hasta el año 2011 este fondo se había dotado con 721 millones de euros y para su finalización debería llegar a los 1.217 millones.

Es evidente que la utilización de este dinero público, pese al espíritu benefactor de la Junta, ha sido irregular y buena parte de sus aportaciones se han perdido por las cloacas de la corrupción. Toca ahora despejar si un pellizco del fondo de reptiles sirvió para atraer a empresas a la Bahía a golpe de talonario para mitigar el cierre de Delphi. La Junta anunció en 2008 la llegada a Cádiz de una docena de empresas para paliar el terremoto laboral provocado por Delphi, sin embargo, solo Gadir Solar y Alestis aterrizaron en la Bahía gracias a millonarias subvenciones públicas. Gadir Solar cerró a los dos años de su estreno y Alestis se encuentra en concurso de acreedores. La jueza Alaya debe aclarar si la trama de los ERE guarda relación con el caso que investiga el juzgado número 4 de Cádiz sobre la tramitación de las ayudas del Plan Bahía Competitiva, un rosario de subvenciones públicas otorgadas por la Junta sin el más mínimo control.