Diputación acata la sentencia y negociará otro sistema para adjudicar las 261 plazas

Finalmente, los 261 trabajadores laborales de Diputación que estaban pendientes de conseguir una plaza fija mediante las pruebas de selección acordadas por el Gobierno provincial y los sindicatos no tendrán que presentar la tan polémica memoria. Pero no porque les vayan a regalar las plazas, sino porque Diputación, en consenso con los colectivos sindicales, acordaron ayer acatar la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Cádiz en la que se anula la Base Séptima de la convocatoria del Proceso de Consolidación del Personal Temporal al considerar que la petición de una memoria a los candidatos no es una prueba válida por sí sola. Esta sentencia se produce después de que el Partido Popular recurriese la totalidad de las bases.

La decisión judicial se acepta, pero ni la Diputación ni los colectivos sindicales están dispuestos a admitir la acusación del grupo popular sobre un supuesto caso de ‘enchufismo masivo’. El diputado de Función Pública y Recursos Humanos, Cristóbal Rivera Hormigo, quiso dejar claro que esta convocatoria pública de plazas (que nunca llegó a salir publicada por el recurso presentado por el PP) obedece a la puesta en marcha del Plan de Estabilidad y Consolidación del Empleo que Gobierno y trabajadores acordaron en el último convenio colectivo. Según explicó Rivera, la idea es que todos estos trabajadores, que en el menor de los casos lleva trabajando en precario para la institución provincial desde el 1 de enero de 2005, llegando un buen número de ellos hasta 25 años en esta situación, consigan por fin un contrato fijo.

De cualquier forma, según Rivera, «hablamos de un proceso de concurso-oposición público, por tanto de libre concurrencia». Con esta aclaración, el diputado negó que se vaya a favorecer a las personas que en estos momentos ocupan esos puestos, ya que la única ventaja que tienen es «una mínima cantidad de puntos para el concurso de méritos». Otro aspecto que también quiso destacar Rivera es que los 261 trabajadores susceptibles de beneficiarse de este Plan de Estabilidad han pasado por diversas pruebas selectivas para llegar a ocupar su puesto actual.

Desde Diputación se insiste en que «el juez ha dictaminado tan sólo a favor del PP en un aspecto parcial de la Base Séptima», por lo que se considera que, una vez que se cambie dicho apartado, sustituyendo la presentación de la memoria por otro tipo de prueba aún por determinar, no habrá motivos para que el grupo popular vuelva a recurrir. En caso contrario, según Rivera, significaría «que tiene algo en contra de los trabajadores».

Cristóbal Rivera hizo hincapié en la transparencia de todos los procesos selectivos de Diputación, asegurando que «no hay ningún empleado a dedo, y mucho menos empleados del PSOE». Por otro lado, destacó que «cuando llevamos a cabo el proceso de negociación para acordar las bases del concurso, nos basamos en procedimientos que estaba siguiendo el PP en otras administraciones». Al respecto, puso ejemplos en los que se había seguido el mismo procedimiento para consolidar empleos temporales en administraciones como el Ayuntamiento de Madrid, la Diputación de Cáceres, la Diputación de Málaga, la Diputación de Granada o los gobiernos autonómicos de Murcia o Castilla y León.

Tras su exposición, Rivera pidió al presidente provincial del Partido Popular, José Loaiza, «que tenga la suficiente dignidad política y pida disculpas a los 261 empleados públicos a los que ha ofendido diciendo que han entrado a dedo».

«Indignación» sindical

El portavoz de CC OO en la Diputación, Miguel Arteche, incidió en la «indignación» que sienten los trabajadores de la administración pública «tras ser señalados como enchufados. Si el PP tiene pruebas de ello en algún caso lo que tiene que hacer es ir al Tribunal de lo Penal con nombres y apellidos, que nosotros le apoyaremos».

En la misma línea se pronunció Ana Díaz, de UGT, que afirmó que «nunca un miembro del PP ha participado en el tribunal de ningún proceso de selección. Una extrañeza si es que de verdad tenían motivos para dudar de la legalidad de las selecciones».

Por último, Fernando Rodríguez, presidente del comité de empresa, dijo que «si el PP vuelve a recurrir quedaría claro que están jugando con nosotros como arma preelectoral, y eso nos dolería mucho».