El PP busca cómo encajar la cadena perpetua en la Constitución

La cadena perpetua atenta contra la Constitución española. El PP lo sabe y por eso intenta encajar sus pretensiones de evitar que un criminal salga de prisión sin estar rehabilitado con el carácter garantista de Carta Magna. Una tarea enmarañada desde el punto de vista político, porque de momento no cuenta con el apoyo necesario en el Congreso y, sobre todo, tiene grandes lagunas técnicas-jurídicas para lograr una fórmula que permita el encaje constitucional.

Soraya Sáenz de Santamaría anunció ayer que su grupo defenderá la instauración en España de la «prisión permanente revisable» dentro del trámite de enmiendas a ley que aborda una amplia reforma gubernamental del actual Código Penal, que comenzará a debatirse en el Congreso en las próximas semanas. La portavoz negó que tal concepto sea un eufemismo de la cadena perpetua y señaló que se trata de una figura nueva, «avalada por sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

El PP persigue con la modificación que aquellos individuos que cometan «delitos muy graves contra las personas» sólo puedan salir la prisión si se acredita fehacientemente su rehabilitación.

En estudio

El tipo de delitos a que se aplicaría, los plazos para acometer las revisiones o la composición del tribunal que se haría cargo de las verificaciones son, de momento, cuestiones que están en fase de estudio. «Llevamos muchos meses trabajando en estas medidas, por lo que no se puede decir que hemos actuado 'en caliente'», añadió.

Los populares también introducirán enmiendas a la ley para que los condenados cumplan de forma íntegra las penas en los delitos más graves y violentos y se restrinjan en su caso beneficios como el tercer grado o la libertad condicional. Todo ello busca eliminar la «sensación de impunidad» que, a juicio de Sáenz de Santamaría, existe entre la sociedad española. La portavoz del PP condensó este malestar en la siguiente cuestión: «Se imponen condenas que implican muchos años de cárcel, pero luego su complimiento se queda en periodos muy reducidos de tiempo en prisión».

La formación que lidera Mariano Rajoy también quiere dar un cambio de rumbo en la ley penal del Menor, con la misma finalidad: condenas más contundentes. El PP aspira a que los menores condenados por un crimen pasen de los centros de internamiento a la prisión una vez cumplan los 18 años. Sáenz de Santamaría adelantó que también tratarán de que se establezcan medidas de «reinserción y reeducación» para los jóvenes de 12 a 14 años, que en la actualidad no responden de sus delitos.

El Gobierno ha mostrado su disposición a lograr el máximo consenso en la reforma del Código Penal. Con tal fin, el Congreso decidió ayer ampliar el plazo de enmiendas durante al menos dos semanas, para facilitar la negociación del proyecto de ley con los partidos. Para abonar el terreno, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, pondrá en práctica una medida poco habitual: ha convocado este fin de semana a todos los portavoces en la materia a una reunión de trabajo en Galicia, en la que comenzar a ver puntos de acuerdo.