Realidades paralelas

La realidad económica supedita la situación del mercado de trabajo y éste condiciona directamente a la Seguridad Social. El sistema financiero de la Seguridad Social española es el de reparto, basado en la solidaridad intergeneraccional. Es decir, lo que se ingresa por cotizaciones sociales durante un ejercicio determina la financiación del gasto en prestaciones-pensiones en el mismo. Lo que significa que si la crisis económica afecta negativamente a la situación del empleo, ello repercute directamente en la financiación del sistema público español de pensiones.

El tránsito del sistema de Seguros Sociales al de Seguridad Social se produjo en 1963. La Constitución española inserta el derecho de los ciudadanos a la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, exigiendo a los poderes públicos el mantenimiento de un sistema de Seguridad Social conforme a lo preceptuado en el artículo 41. La situación de cambio que supone pasar de un sistema de Seguros Sociales a otro de Seguridad Social tiene como objetivo prioritario el de conseguir una más adecuada redistribución de la renta nacional, sin duda la finalidad del sistema ideado en 1942 por W. Beveridge. Éste proponía complementar el concepto de solidaridad profesional con el de solidaridad nacional, concibiendo la Seguridad Social como instrumento de la política económica general. El modelo así dispuesto es de corte universalista, en cuanto que se proponía atender a toda la población, por el mero hecho de ser ciudadano, no prescindió de la estructura básica del modelo continental, también llamado biskmarckiano, que asegura la protección social supeditándola a las cotizaciones de los interesados, sino que pretendía perfeccionar y ampliar la protección otorgada por éste, universalizando las prestaciones a toda la población ante situaciones de necesidad. Nos encontramos hoy en una situación intermedia entre ambos modelos.

En el año 1985 se promulga una Ley, en cuya virtud se exigía acreditar 15 años de carencia para tener derecho a la pensión de jubilación. En el año 1990, entra en vigor la Ley de pensiones no contributivas. Significa ello la universalización de la cobertura ante situaciones de vejez e invalidez, pensiones que se otorgan a cualquier ciudadano español, por el mero hecho de serlo, siempre que cumpla los requisitos exigidos en la norma y no tenga derecho al percibo de una pensión contributiva. En 1995 y ante la insostenible situación económica se firma el llamado Pacto de Toledo. Los principales principios que lo inspiran, son normativizados e incorporados en 1997 en la primera de las leyes promulgadas por el gobierno del Partido Popular, que se denominó de consolidación y racionalización del Sistema de Seguridad Social. Quizás, su inmediata promulgación se debió a dos circunstancias. La primera respondía a una necesidad objetiva. Separar definitivamente las fuentes de financiación del sistema público de pensiones, pasando a financiarse con cargo a las cotizaciones sociales las prestaciones contributivas y con cargo a los Presupuestos del Estado, las prestaciones no contributivas, incluyendo la asistencia sanitaria. La segunda tenía como objetivo generar confianza en el electorado pensionista y de paso hacer desaparecer cualquier sombra de sospecha sobre la incriminación llevada a cabo por Felipe González en aquellas elecciones, consistente en repetir hasta la saciedad que la derecha quitaría las pensiones, dejando desprotegidos a los pensionistas. Una falacia más, de las muchas de este corte utilizado por la izquierda para amedrentar a la población.

En los últimos años han sido incumplidos de forma permanente los principios sobre los que se asienta el Pacto, sintetizándolo en un uno de carácter general, la separación de las fuentes financieras, con un solo objetivo, la financiación de las prestaciones contributivas con cargo al Presupuesto de la Seguridad Social, quedando a cargo de los Presupuestos del Estado la subida del complemento de mínimos, que deben financiarse con impuestos, y no con cuotas sociales. Sistemáticamente, este principio se ha vulnerado. Por poner un ejemplo, el Estado sólo cubre el 37% de los complementos de mínimos, lo que significa que el resto lo paga la Seguridad Social. El Pacto de Toledo deja bien claro que la reforma del sistema de pensiones debe hacerse en el Parlamento, y no en ningún otro ámbito. Entonces, ¿por qué ese empeño del gobierno en utilizar el sistema como moneda de cambio en el llamado diálogo social a tres bandas? La respuesta es clara y se circunscribe a la causa que sin lugar a dudas tiene que ver con la incapacidad de los interlocutores sociales, junto con el Gobierno, de abordar el problema de fondo de la economía, consiste ahora en el racionamiento del crédito, el desmedido e irracional endeudamiento público y la necesaria aprobación de una reforma laboral con un objetivo prioritario: acabar con la dualidad de un mercado de trabajo en el que sólo los contratados temporales, son los que pagan las consecuencias de la crisis.

Ocurre que el gobierno de Zapatero no se atreve con la realidad. Prefiere el recurso a lo fácil en el presente: tirar de chequera, lo cual es un auténtico disparate en un horizonte de envejecimiento de la población. Pero, no es éste el único con el bolsillo roto, y así no falta algún «tonto de los cojones», como supongo a él le gusta que le llamen, me refiero al presidente de la FEMP, que su última ocurrencia consiste en recomendar «haz todo lo que debas y debe todo lo que hagas». Es la receta de un absoluto incapaz para capear la crisis. Estos son una muestra representativa de algunos de nuestros insignes políticos. Pero este apego al déficit, no es sólo atribuibles a ciertos políticos, es el recurso habitualmente utilizado por los sindicatos, que parecen sólo viven el presente.

En este contexto que nos ha tocado vivir, nunca la realidad económica ha sido tan paralela al devenir del mercado de trabajo y por ende a las pensiones. Si no reactivamos pronto y con decisión la economía, que haga resurgir el empleo, en el medio plazo, el sistema español público de pensiones habrá zozobrado. Si proyectamos actuarialmente la situación financiera a fecha de hoy y consideramos el propio y natural devenir de la población española, aún disponiendo del Fondo de Nivelación de la Seguridad Social que alcanza en la actualidad los 60.000 millones de euros, la insostenibilidad del sistema se haría palpable en menos de una década.