Legado envenenado

El incumplimiento de la promesa hecha por Barack Obama de cerrar la prisión de Guantánamo en un año no sólo reflejan los límites políticos que parecen atenazar a la Casa Blanca a la hora de hacer realidad los compromisos del hoy presidente. Sobre todo evidencian la enorme falla que para un país democrático supone haber conformado un limbo jurídico tan alejado del Estado de Derecho. Resulta en sí mismo denunciable que, tras su encarcelamiento fuera de todo control judicial, más de cien presos de Guantánamo vayan a ser puestos en libertad en terceros países, incluida España, teniendo la administración estadounidense que reconocer que sobre ellos no pesa imputación alguna. Pero igual de condenable es que la comisión creada por Obama para estudiar cómo podía cerrarse la prisión instalada en Cuba haya concluido que 50 prisioneros deberían continuar detenidos y sin juicio indefinidamente. Es tanto como admitir que su peligrosidad se da por supuesta sin que existan pruebas para ponerlos a disposición de la justicia. Es el legado envenenado de Bush del que Obama debería deshacerse arriesgando a favor del Estado de Derecho.