Ocho años sin ley

La próxima llegada a nuestro país de dos personas que se encuentran prisioneras en las instalaciones que EE UU habilitó en su base de Guantánamo, para interrogar y encerrar a sospechosos de pertenecer a Al-Qaida detenidos en Afganistán, Irak y otros lugares, delata en toda su crudeza la manifiesta ilegalidad en la que, desde el punto de vista del derecho común a todos los países democráticos, se ha mantenido tan ominoso centro de reclusión. Esos dos hombres recuperarán su libertad nada más lleguen a España sencillamente porque, sea cual sea el tiempo que hayan pasado presos, embutidos en monos de un color ya inconfundible, no hay cargos que pesen sobre ellos. Cuando se cumple el octavo aniversario de la creación de Guantánamo, su pronto cierre sólo podrá reparar mínimamente la conculcación que su funcionamiento ha supuesto para los derechos más básicos de quienes han pasado por sus jaulas y celdas de interrogatorio. Algo que ni siquiera la constancia de que algunos de los liberados se alistaran después en las filas de Al-Qaida puede poner en duda.