Una carta muy larga para Zapatero

Qué nos van a echar los reyes magos? Pues nos van a echar a nosotros», pregunta y responde lacónico Donaciano Dujo, agricultor y directivo de la asociación agraria de jóvenes productores Asaja, una de las mayores de España, con 200.000 afiliados. Otras organizaciones profesionales como UPA y COAG suscriben la respuesta. La unidad de acción se impone ante el incesante temporal que amenaza con dejar al aire las raíces de la tierra. Después de tantas protestas, advertencias y reclamaciones infructuosas, las esperanzas, aunque débiles, sobreviven. Y de ellas brota la carta que los agricultores y ganaderos españoles entregarán mañana, en mano, al presidente del Gobierno. Es muy larga.

José Luis Rodríguez Zapatero recibirá a representantes de las organizaciones y cooperativas agrarias dos días antes de que España presida el Consejo de Ministros de la UE. Un poco tarde, dice Dujo, pero más vale tarde que nunca, matiza el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Lorenzo Ramos. El documento, consensuado, representa para el campo en caracteres impresos lo que 'El grito', del noruego Eduard Munch, en pintura. Pura desesperación.

El campo se hunde. «Pues habrá que levantarlo», corean los protagonistas. Y tendrá que hacerse «por encima de los intereses de Europa» y, sobre todo, de terceros países que, como Marruecos, surgen arrolladores con exportaciones hortofrutícolas que pueden suponer, según los cultivadores españoles, el golpe de muerte a la producción autóctona. Bien lo sabe la murciana Magdalena Méndez, que pelea día a día con sus tomates.

Desde la convicción de que el sector agrario se merece la declaración de «estratégico» por los empleos que genera, su peso en el PIB nacional, el futuro de la población en las zonas rurales y su contribución a una economía más sostenible, los agricultores exigen un cambio urgente de la actual normativa para evitar su extremaución. Esa declaración es la primera de la larga lista de peticiones a Zapatero. Implica una protección especial y ayuda económica. «España tiene la obligación de abrir ese debate en la Unión Europa», sentencia Miguel López, secretario general de la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos COAG. El campo es «una cuestión de Estado» y demanda, por tanto, un pacto político, institucional y social.

Más del 80% del territorio español es rural, y clama alternativas para sobrevivir. Las soluciones no admiten demora. Entre las prioritarias, una modificación de la normativa que favorezca las relaciones contractuales entre productores y distribuidoras, el establecimiento de unos precios mínimos y un reparto de beneficios, sin que repercuta en el desembolso del consumidor. Los agricultores no cubren los costes de producción, están endeudados y sólo quieren sanear sus cuentas. Cobran por sus productos «lo mismo que en los años ochenta pero los costos y las inversiones los pagamos a precios de 2009», se lamenta Donaciano Dujo, presidente de Asaja de Castilla y León. Miguel López piensa lo mismo que Dujo, pero lo expresa en lema de pancarta: «El mercado no regula, especula». Entienden ambos que el alimento debe obedecer a un interés general y que el mercado no puede quedar en manos «de cuatro multinacionales». Y mucho menos que se vean favorecidas por las normas de los organismos de la Competencia, que «olvidan la defensa del productor».

El diagnóstico que hace el secretario general de COAG es como para ingresar al campo en la UCI. La reforma europea de 2003 no lo ha reestructurado, sino que lo ha «desmantelado». El sector del azúcar, tras inversiones multimillonarias, ha mermado un 50%. España es deficitaria en leche, pero importa tres millones de toneladas de Francia. De 27 desmotadores de algodón que existían hace pocos años, sólo quedan tres. Y terceros países exportan fruta, hortalizas y aceite sin pagar aranceles. Y del cultivo del tabaco Miguel López dice: «Estamos perdiendo espacio en Europa, en un mercado que hemos ayudado a crear».

En la carta al rey mago Zapatero, las organizaciones agrarias piden que dote de liquidez a un campo marchito y facilite líneas de crédito -préstamos con dos años de carencia- a los intrépidos jóvenes que sueñan con quedarse en el pueblo y cuidar de tierras y granjas. Pero su bucólico sueño exige inversiones en maquinaria, animales o abonos.

Fiscalidad y etiquetas

Después de tanto esperar para entregar la misiva, los agricultores aprovecharán la oportunidad para solicitarle a Zapatero una adaptación de la fiscalidad a la capacidad productiva del sector: rebajas en el IVA del gasóleo, de las máquinas y de las tarifas eléctricas. Le recordarán la vieja reivindicación de que los productos aparezcan en los estantes de los comercios debidamente etiquetados, con su lugar de procedencia e indicativos de calidad. Y le pedirán que achuche a sus socios comunitarios para que se definan cuotas de producción.

El secretario general de UPA le da un buen tirón de orejas a la UE por darle manga ancha a Marruecos, uno de los grandes competidores de los agricultores españoles por los bajos costes de producción. El acuerdo firmado el pasado día 17 entre la UE y el país magrebí ha reconcomido a los productores. Pero no sólo por los efectos negativos sobre la producción hortofrutícola española, sino por la «hipocresía» que desvela. «¿Cómo es posible -se pregunta Miguel López- que Europa nos prohíba utilizar ciertos fitosanitarios porque atentan contra la salud y los permita a Marruecos? ¿Producimos con calidad y seguridad para que vengan otros productos de fuera sin ningún control sanitario y cultivados con productos vetados para nosotros? ¿Y qué pasa con los derechos laborales de las mujeres y los niños que trabajan jornadas interminables con sueldos irrisorios y en condiciones infrahumanas? ¿Eso no lo va a controlar la UE?».

Distintas varas de medir con las que las organizaciones agrarias sacan los colores a políticos nacionales y europeos, «que admiten y favorecen la entrada de mercancías de peor calidad, más inseguras para la salud de los españoles, pero más baratas».

Ninguna de las organizaciones mencionadas acepta entrar en la polémica suscitada por las supuestas concesiones a Marruecos en materia agrícola a cambio de facilitar el regreso a El Aaiún de la activista saharaui Aminatu Haidar. Sencillamente les parece injusto e inhumano.