Chiclana; Día 1 después del derribo

En la ciudad no se habla de otra cosa. En los foros y 'blogs' de Internet, pero también en las tiendas, comercios del centro y ventas del extrarradio, el tema de conversación ayer en Chiclana no era el Gordo de Navidad. Y es que el derribo de diez viviendas unifamiliares sin licencia construidas por la promotora de la familia Tocino, Prefabricados Medina, ha sido un golpe duro y difícil de asimilar para muchos propietarios en situación irregular.

Antonio Sánchez sabe de lo que habla. Él mismo-junto a su mujer y sus tres hijos-, se autoconstruyó una vivienda a pocos metros de la parcela donde el lunes las excavadoras convirtieron en escombros el sueño de una familia. «Yo me pongo en su pellejo y no se que haría», explica este chiclanero, que participó hace unas semanas en la movilización contra las Ordenanzas de Regularización porque «no tenía muchas ganas de pagar», y que ahora se replantea la situación. Ese es precisamente el primer efecto que ha tenido la demolición de la decena de casas de Majadillas Bajas, y curiosamente, lo que más critican sus detractores. «No se puede consentir que paguemos siempre los mismos», asegura otro propietario, que ayer en la venta El Burro de El Marquesado explicaba sus razones.

«Yo llevo aquí muchos años, pago mi contribución, basura y luz, y el alcalde no tiene derecho a tirar mi casa», sentenciaba. Resulta curioso que mientras el debate crece en la calle, la discusión mengua en los despachos. Llama poderosamente la atención que los partidos de la oposición política local con representación institucional en el Ayuntamiento de Chiclana, sobre todo IU con el ex-edil de Urbanismo, José Pedro Butrón; al frente, y el PP, no hayan abierto la boca oficialmente sobre este último derribo.

Ayer precisamente se celebró en la ciudad el último pleno ordinario del año. Se produjeron rifirrafes, pero la tensión en materia urbanística de meses anteriores ha pasado a mejor vida y la orden judicial de demolición de Majadillas ha hecho reflexionar a la mayoría de los políticos, que ya no cruzan sus acusaciones tan alegremente. Se da la circunstancia de que los concejales socialistas y el propio alcalde acudieron escoltados por la Policía Local al Salón de Plenos, si bien no hubo que lamentar incidentes.

Regularización

En la tarde de hoy está previsto además un nuevo encuentro entre la Gerencia Municipal de Urbanismo y los representantes de la Plataforma de propietarios que exigen una legalización de viviendas menos costosa en la ciudad. Este encuentro estará marcado por los acontecimientos. Algunos responsables de la Plataforma han estado en primera línea del derribo de Majadillas, y comentan en privado lo complejo que será resolver de forma justa un problema de edificación ilegal que afecta en Chiclana a unas 10.000 familias. Sin duda alguna, la aprobación de las Ordenanzas que regirán el proceso de regularización será esencial para que puedan legalizarse la mayoría de viviendas.

De las 15.000 casas afectadas las que más preocupan son aquellas que fueron construidas en suelo no urbanizable y que en muchos casos tienen ya expedientes de demolición difíciles de abortar, unas 2.200 según la Junta.

Familia afectada

Hasta que se resuelvan las incógnitas abiertas pasarán seguramente varios años. Pero los daños sociales de cualquier demolición son difíciles de restituir. Y si no que se lo pregunten a la familia Tocino, propietarios de las diez viviendas demolidas por orden judicial el lunes, que desde entonces se encuentra residiendo en el domicilio del padre de familia. Algunos de sus miembros han necesitado incluso atención médica en estos días. Los profesionales que los han atendido les han recomendado que no vayan de momento a la parcela de Majadillas para evitar una recaída de las crisis de ansiedad y nervios padecidas tras ver cómo derribaban sus viviendas.