El Ayuntamiento descubre ahora un agujero de 1,2 millones de euros de los 90

La revisión de las cuentas municipales correspondientes a los años 2001, 2002 y 2003 ha arrojado la ausencia de 1.200.000 euros en el año 1996. Un dinero que el interventor no ha sido capaz de justificar ni con la colaboración del Banco de España y cuya pérdida se debe, a juicio de la concejala de Hacienda, Leocadia Benavente, a la «mala» gestión de IP, el partido que gobernaba con mayoría absoluta en aquel momento. La edil popular explicó que «esa cuantía económica pudo perderse en 1996 o ser fruto de gastos producidos en años anteriores». Así las cosas señaló: «No contamos con datos ni pruebas como para hablar de distracción del dinero, apropiación indebida u otro delito porque según el interventor la ausencia de su justificación se ha podido deber a errores en las operaciones con entidades bancarias». Ante la imposibilidad de aclarar qué ha sucedido con el dinero, el interventor dará de baja la cuantía en sucesivas contabilidades.

«Desmanes de Hernán Ruiz»

En cualquier caso, para Benavente «esto no deja de ser un reflejo de la mala gestión del dinero público, la contabilidad, la tesorería y el patrimonio que se hacía cuando gobernaba IP». La concejala añadió que «muchos de los desmanes de la época de Hernán Ruiz se debieron al escaso control del inventario de bienes municipales». En este sentido, los técnicos ya han realizado alrededor de 40 rectificaciones sobre el inventario municipal de 2007 antes de llevarlo a pleno. Según la popular «los técnicos han contado con obstáculos dentro de la misma casa porque cuanto más claro está el patrimonio menos se puede distraer de él. Y alguien se ha podido aprovechar de esa dejación de responsabilidades para lograr beneficios».

Con respecto a las cuentas del periodo 2001-2003, que atañen al Consistorio y a las empresas municipales, están «perfectamente claras». No así la legalidad de los actos que han originado dichos números. «Tenemos datos para ir a Fiscalía, pero ésa es una cuestión ajena a la comisión especial de cuentas». El informe será sometido a quince días de exposición pública y ocho de alegaciones antes de su aprobación definitiva en el pleno.