La moda de los ERE temporales

No es lo usual. De hecho, en la Delegación provincial de Empleo no hay antecedentes recientes de una administración pública que haya optado por imitar a las empresas y recurrir a la vía de la regulación de empleo para salir adelante de sus problemas económicos. Hasta que el Ayuntamiento de Jerez ha abierto una puerta que, casi con toda probabilidad, va a seguir también el equipo de gobierno de La Línea (PP).

Eso sí, las novedades a la hora de enfrentarse a este proceso se limitan al hecho de que quien presentará el Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) ante la autoridad laboral será una entidad pública, porque el resto del proceso es el habitual en este tipo de procedimientos que a lo largo de este año 2009 han sido tan habituales en la provincia.

No en vano, y según los datos que ha aportado a este medio desde la Unión Comarcal de Jerez de UGT, el 90% de los expedientes oficialmente presentados este año ha apostado por la fórmula de la regulación o suspensión temporal de empleo, que en total ha salpicado a unos 3.700 trabajadores en la provincia. Por contra, los ERE de extinción definitiva del contrato sólo han tocado a 195 empleados.

Sin duda, parece que el Consistorio jerezano no ha querido tener problemas a la hora de plantear el expediente y por eso, para encarar sus problemas y encontrar salidas que ayuden a sanear sus cuentas y a evitar el colapso financiero, ha abierto la puerta a esta vía que, frente a otras medidas más traumáticas, no persigue el despido definitivo del empleado.

Y es que cuando se pone un ERTE sobre la mesa, lo que ocurre es que el trabajador -a través de sus representantes sindicales- acuerda con la empresa pasar al desempleo durante un determinado espacio de tiempo, y cobrando el 70% de la base reguladora -el Ayuntamiento de Jerez persigue que sea un 60%-. Es decir, que cobrará durante el tiempo en el que su contrato esté suspendido parte de la prestación por desempleo que le corresponde y que le pagará el antiguo INEM.

Plan social

Además, cuando se negocia un expediente temporal de estas características, lo habitual es que la empresa que lo presenta acompañe esta medida de un plan social por el que le corresponde abonar el porcentaje que le faltaría al trabajador hasta cobrar la misma cantidad que percibía cuando estaba en activo. En concreto, en el caso del Ayuntamiento jerezano, la alcaldesa ya ha aclarado a los sindicatos que ésa es precisamente la intención a la hora de encarar este proceso.

La ventaja manifiesta de esta fórmula que ha elegido el equipo de gobierno de Jerez es que el empleado mantiene su vinculación con la empresa y recupera su puesto de trabajo una vez que la mala situación pase.

Además, en este caso también hay beneficios para el 'empleador' que plantea el ERTE, ya que sin duda al Consistorio le resulta más económico suspender temporalmente los contratos y que parte de las retribuciones las pague el Estado que tener que iniciar un proceso de prejubilaciones que sí recaerían en su presupuesto.

Sólo queda esperar para ver si la Delegación de Empleo finalmente lo autoriza y resuelve. Y parece que si llega con el consenso de la representación sindical no debería tener mayores problemas.

A este respecto, el Estatuto de los Trabajadores ya dice en su artículo 45.1 que las causas de que un contrato pueda suspenderse podrán ser por «fuerza mayor temporal» o por «causas económicas, técnicas, organizativas o de producción».

Más adelante, en el artículo 51, apunta que «se entenderá que concurren las causas a que se refiere el presente artículo cuando la adopción de las medidas propuestas contribuya, si las aducidas son económicas, a superar una situación económica negativa de la empresa o, si son técnicas, organizativas o de producción, a garantizar la viabilidad futura y del empleo en la misma a través de una más adecuada organización de los recursos». En una ciudad con una deuda de 700 millones y una plantilla de 2.500 personas, sin duda habrá razones de sobra para sentarse a negociar.