Obama enviará presos de Guantánamo a Illinois

El Gobierno de Estados Unidos dio ayer un paso decisivo para el cierre de la prisión de Guantánamo al anunciar la compra de un centro carcelario en el estado de Illinois a donde pretende trasladar a decenas de los detenidos actualmente internados en la base militar cubana.

La medida, divulgada a través de una carta firmada por la secretaria de Estado, Hillary Clinton; y el secretario de Defensa, Robert Gates, ha sido interpretada como una fuerte apuesta de Barack Obama por desatascar uno de los asuntos que más se le han complicado en su primer año como inquilino de la Casa Blanca.

Aunque el presidente estadounidense reconoció el mes pasado que no sería posible clausurar el centro de detención para enero de 2010 -el plazo fijado al asumir el cargo-, el penal en Illinois estaría lista para recibir a los nuevos reclusos en unos seis meses, según los cálculos de la Administración demócrata.

En la misiva, dirigida al gobernador de Illinois, Pat Quinn, la Casa Blanca trata de anticiparse a la polémica y asegura que no tienen intenciones de liberar a ninguno de los reclusos en territorio norteamericano. La evidente contradicción en este trascendental paso dado por Obama hay que buscarla en que una ley aprobada recientemente sólo permite el traslado de los prisioneros a territorio estadounidense de forma temporal para ser juzgados, pero no su reclusión permanente. Los demócratas, que controlan ambas cámaras del Congreso, tienen previsto levantar la restricción, si el Gobierno presenta un plan aceptable para manejar a los prisioneros. Desde las huestes republicanas se han alzado voces contrarias casi de inmediato.

Juicio en Nueva York

De momento, el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Jalid Sheij Mohammed, será juzgado en un tribunal civil en Nueva York junto a otros cuatro sospechosos de haber planeado los ataques terroristas contra las Torres Gemelas.

Los cinco hombres se encuentran confinados en el centro de Guantánamo. Aparte de estos reos, otros 40 de los 215 que aún permanecen en la prisión de la isla caribeña también serán procesados fuera de la base militar. Otros 90 serán enviados a terceros países y 75 quedan aún flotando en el vacío jurídico.

El diario 'Chicago Tribune' ya ha anticipado que serán transferidos entre 35 y 90 detenidos a la prisión de Illinois. Un alto responsable de la Administración reveló que el cierre de Guantánamo «es esencial para proteger nuestra seguridad nacional y ayudar a nuestras tropas mediante la eliminación de una herramienta de reclutamiento mortal de las manos de Al-Qaida».

El Centro Correccional Thomson es una moderna cárcel de alta seguridad construida en 2001 en una zona rural de Illinois, a unos 250 kilómetros al noroeste de Chicago, la ciudad de Barack Obama. Fue diseñada para albergar 1.600 presos, pero en la actualidad apenas cuenta con 200 detenidos de bajo riesgo.

En la carta se avanzan algunas de las medidas que se llevarían a cabo llegado el momento: «Las dos partes de las instalaciones se gestionarían de forma separada y los reclusos federales no tendrían ocasión de interactuar con los presos de Guantánamo».

El gobernador del estado, Patrick J. Quinn, y el senador, Richard Durbin, recibieron ayer información detallada del plan. Tanto Quinn como Durbin han defendido con entusiasmo la idea de traer prisioneros de Guantánamo a la cárcel de Thomson, sobre todo porque contribuiría a la creación de empleo en una de las partes más empobrecidas de la región. Hace poco más de un año decidieron promover la idea de la necesidad de adaptación de esta prisión estatal para que pudiera ser asumida por el sistema penitenciario federal.

El presidente de Estados Unidos anunció poco después de su toma de posesión su intención de cerrar Guantánamo, en contra de lo que defendía su predecesor George W. Bush, en un plazo de un año. Sin embargo, las negociaciones para la clausura de la cárcel, donde hay más de 200 sospechosos de terrorismo, han sido más complicadas de lo esperado y tardará más de lo previsto. Obama se había impuesto como plazo inicial el 22 de enero de 2010, pero Washington ha reconocido que conseguir el cierre para esa fecha es una misión casi imposible.