Grave dejación de funciones del interventor y la tesorera

Era uno de los documentos más ansiados desde que se diera a conocer la desaparición de los 7,8 millones de euros de la Caja del Ayuntamiento de San Fernando y ayer LA VOZ tuvo acceso a los cinco tomos que lo componen. El sumario que recoge todo el proceso de investigación del desfalco destaca por dos claras conclusiones. La primera que todas las indagaciones se centraron en la persona de Clemente Ruiz y la segunda que existe un descontrol sorprendente en la forma de llevar las cuentas con una marcada dejación de funciones por parte del interventor, José Antonio L. F., y de la tesorera, María de las V. G. M., a la hora de custodiar el dinero. De hecho, ambos tendrán que presenciarse nuevamente ante la jueza el próximo viernes para seguir aclarando la gestión que se realizaba de las arcas municipales.

Así se demuestra en el informe policial de la investigación del caso al afirmar que el robo fue posible por la falta de control y dejadez en las funciones por parte de los órganos superiores de Economía y Hacienda, sobre todo del interventor y la tesorera. Una declaración rotunda, que salpica tanto a la delegada de Hacienda, Mercedes Espejo, como al alcalde, Manuel María de Bernardo, responsables más altos de velar porque el sistema funcionara.

Las deficiencias del mismo se evidencian en las declaraciones que se recoge en el sumario y que se realizaron un día después de la detención de los cajeros. La tesorera deja bien claro que no se efectuaban arqueos diarios ni comprobaciones para observar si el dinero que estaba en la Caja coincidía con las entradas y salidas. Tampoco se hacían comprobaciones cada cierto tiempo del efectivo disponible y ningún arqueo extraordinario, menos el de julio de 2007, fecha en la que toma posesión la nueva corporación isleña.

De esta manera el propio interventor reconocía que al final del día se confeccionaba un documento que recogía todas las operaciones pero que no se les entregaba a ningún responsable de Tesorería. Además, aseguraba que como la Caja parecía funcionar bien y no encontraba indicios de lo contrario, no priorizó entre sus funciones tal tarea.

Lo que también resulta evidente es que si se hubieran llevado a cabo los mínimos controles a los que por razón de su cargo estaban obligados este delito no podría haberse cometido o al menos se hubiera detectado antes.

Una de las cosas que más llama la atención del sumario son todas las contradicciones existentes entre el personal que trabaja en la Delegación de Hacienda. La tesorera confirmó que el desfalco fue descubierto a raíz de unos documentos pedidos por la Cámara de Cuentas, mientras que el interventor aseguraba que se detectó por lo llamativo de pedirse de forma continuada cheques por valor a 20.000 euros y comprobar que luego no se ajustaban a los pagos. Los propios funcionarios difieren sobre la fecha del último arqueo realizado y las personas que se encargaron del mismo.

Algunos empleados reconocen que la propia tesorera estaba informada de todos los movimientos del saldo de la Caja, mientras que los únicos imputados hasta la fecha por el caso afirman que el interventor también tenía acceso a las cuentas. En donde no hay contradicciones es a la hora de referirse sobre el dinero que supuestamente había en Caja. Todos manifiestan en los documentos que según los programas informáticos había al menos 7,5 millones de euros, pero ninguno sabía a ciencia cierta el dinero real que había dentro de la Caja.

Para arrojar algo de luz sobre el asunto un día antes de testificar el interventor y la tesorera tendrán que acudir algunos trabajadores de Hacienda, de modo que se conozca más a fondo la gestión de la Delegación.

En cuanto a la forma en la que se ha perdido el dinero. El sumario incide en la figura de Clemente Ruiz. El posible modus operandi que habría utilizado el cajero, durante al menos seis años, para justificar el dinero que sacaba de la delegación de Economía y Hacienda, estaría directamente relacionado con el pago de plusvalías que abonaban los ciudadanos en esta área municipal. Según los datos policiales que constan en los documentos del caso, casi una treinta de afectados fueron llamados a declarar para corroborar que Clemente había utilizado sus datos personales para falsificar facturas del Grupo Inmobiliario Nora.

Pero las investigaciones policiales también se centran en la forma en la que Clemente obtenía presuntamente dinero municipal de cheques y pagos recibidos en metálicos sin que nadie de su entorno pudiese darse cuenta. En este caso también fueron objetos de las preguntas policiales las trabajadoras sociales del área de Servicios Sociales. Y es que también se sitúan en el punto de mira los cheques de las ayudas de emergencia social, otro de los puntos de la investigación por el que se presupone que Clemente habría ido sacando dinero líquido. Estos cheques se cobraban directamente del banco.