Chamizo reprende a los padres y a la Junta por la atención a menores

Más de mil quejas referidas a menores se cursaron ante la Oficina del Defensor del Menor en 2008, la mayoría sobre asuntos educativos. Su responsable, José Chamizo, aprovechó ayer la exposición del informe, que narra las actuaciones hechas por su departamento, a los diputados de la Comisión de Igualdad y Bienestar Social del Parlamento para soltar una larga reprimenda de la que no escaparon padres, la administración responsable de velar por los niños y niñas y los mismos parlamentarios. La sala de la comisión estaba medio vacía, lo que dolió al Defensor, que no se calló: «Si no se muestra un mayor interés no me creo que la clase política esté por la labor de resolver los problemas de la infancia», dijo tras expresar su deseo de que los asuntos de menores tengan la misma relevancia para los diputados que las comparecencias de los consejeros.

Para el Defensor, el análisis de esos problemas pulsados en la denuncia diaria que llega a su oficina le hizo señalar con el dedo acusador a la propia Junta de Andalucía, especialmente por su Servicio de Protección al Menor. Chamizo achacó las quejas que le llegan sobre el mismo a los problemas de funcionamiento de este servicio con unos empleados en situación precaria y con un trabajo de gran carga emocional. «No aguantan más», señaló. El Defensor enumeró una retahíla de desajustes que afectan al departamento dependiente de la Dirección General de Infancia y Familia que pueden resumirse en una alta rotación del personal por el estrés y la presión que padece, lo que deriva en una escasa especialización del mismo. A la inestabilidad laboral se suma, en opinión de Chamizo, los escasos incentivos que reciben y un horario de trabajo funcionarial que no se corresponde con la labor que deben desempeñar. Deberían estar disponibles para acudir a cualquier problema urgente que atañe a un menor, señaló. Por todo ello, Chamizo reclamó a la Consejería de Igualdad un estatuto específico que regule e incentive el trabajo de los funcionarios del Servicio de Protección, tomando como referentes a médicos y educadores del sistema público.

La reprimenda no acabó ahí. Chamizo elogió el Plan de Ayuda a las Familias Andaluzas para conciliar la vida familiar y laboral de las parejas, pero dio datos de su mal cumplimiento por una razón obvia: no hay suficientes guarderías para los menores de tres años. Es una reclamación que el Defensor ya ha hecho varias veces. Ayer volvió a dar datos: «Sólo el 17% de la población de 0 a 3 años tiene plaza en los centros de educación infantil». Es decir, hay 361.412 menores de esta edad, pero la Junta sólo tiene habilitadas 61.191 plazas. Por ello, el Defensor desconfía de que en 2010 se cumpla lo fijado por la Cumbre de Lisboa para que al menos el 33% de los niños de esta edad estén en guardería públicas o concertadas. La diputada del PP, María Dolores Gabarro, le dio la razón y reclamó en dicha comisión más plazas para educación infantil.

José Chamizo mostró su preocupación no sólo por la desatención que padecen muchos menores con unos padres sin tiempo, por el trabajo, para escucharles, sino que criticó también a los que consienten demasiado a sus hijos con actitudes pasivas. Su oficina ha detectado cómo se acrecienta lo que llamó «un nuevo mal de la sociedad». «Se trata de padres y madres permisivos, consentidores con los caprichos e impotentes para poner freno a los desmanes de los menores».