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La Audiencia absuelve a Manuel Aguilera por el caso del destrozo de un coche en La Línea

La sentencia también absuelve al que entonces era jefe de la Policía Local y otro agente más imputado por los delitos de falsedad en documento público y de daños, considerados por el Juzgado como una falta que está prescrita

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La Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial ha dictado sentencia por el caso de un coche destrozado en el depósito municipal de La Línea en el que estaba supuestamente implicado el entonces concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Aguilera, que ha quedado absuelto de los delitos de coacción a la justicia y coacciones que se le imputaban "con todos los pronunciamientos favorables".

La sentencia también absuelve al que entonces era jefe de la Policía Local y otro agente más imputado por los delitos de falsedad en documento público y de daños, considerados por el Juzgado como una falta que está prescrita.

No obstante, el edil del PP sí ha sido condenado como autor responsable penalmente de una falta de amenazas del artículo 620.2 del Código Penal con la concurrencia del agravante de prevalerse de su carácter público del artículo 22.7 del mismo código, con una pena de siete días de multa con una cuota diaria de 12 euros.

Por su parte, la Fiscalía pedía una pena de prisión de dos años y medio para el concejal del PP en el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción y una petición de nueve años de inhabilitación para el ex jefe de la Policía Local David Ira y el actual ocupante del cargo, Carlos José Fernández, por el supuesto destrozo de un coche en el año 2000.

Según la información fiscal del caso los hechos por los que se acusa a estas tres personas se remontan al año 2000, cuando Aguilera ocupaba el área de Seguridad Ciudadana en el Consistorio.

Por ello, el Ministerio Fiscal entendía que, junto a los agentes, debía comparecer ante el juez para explicar lo ocurrido con un coche destrozado, lo que podrían incurrir en un delito de daños. Además, a Ira y Fernández se les imputaba un delito de prevaricación, mientras que piden al edil popular responsabilidades por un supuesto delito de obstrucción a la justicia.

La documentación fiscal señalaba que el caso se remonta al momento en que el agente de la Policía Local Miguel Angel Fermín denunció en las dependencias de la Policía Nacional las agresiones que supuestamente había sufrido por parte de una serie de personas que viajaban en un vehículo de la marca Volkswagen, que resultó ser propiedad de N.G.M.

Cuando la Policía Local pudo interceptar el coche, los dos agentes ahora acusados, ordenaron su traslado al depósito municipal donde, supuestamente, Carlos José Fernández comenzó a golpearlo y destrozarlo sin que Iria hiciese nada por evitarlo. Posteriormente, Aguilera mantuvo una conversación con los operarios del servicio de grúas presentes en el depósito cuando ocurrieron los hechos que le relataron lo sucedido. La consecuencia, según la Fiscalía, fue la decisión de Aguilera de indicar a ambos que "serían despedidos si contaban lo ocurrido". europa press