La dignidad de Andalucía

El Gobierno de José Antonio Griñán acaba de certificar una de las afrentas más humillantes de la historia reciente de Andalucía: enterrar el hecho diferencial de nuestra autonomía, la Deuda Histórica, recogida en la Disposición Adicional Segunda de los dos Estatutos que ha alumbrado nuestro autogobierno.

La dignidad de un pueblo se mide también por los hechos y las decisiones de sus gobernantes. La preocupación agresiva, saltándose el Estado de Derecho, de los socialistas catalanes por salvaguardar su Estatuto, un texto inconstitucional y sin consenso, contrasta con el servilismo de los socialistas andaluces ante el incumplimiento de nuestro Estatuto, por cierto, plenamente constitucional y nacido del consenso.

No hay que perder de vista el espíritu y la letra de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto, recordando la de 1981: «Los Presupuestos Generales del Estado debían consignar con especificación de su destino y como fuentes excepcionales de financiación, unas asignaciones complementarias para hacer frente a las circunstancias socio-económicas de Andalucía». Y ahí está la madre del cordero. El concepto de Deuda Histórica no fue un capricho: era y es una necesidad. Con ella, los redactores del primer Estatuto -el de Carmona- intentaban paliar nuestro déficit histórico en relación a otros pueblos de España. Las particularidades andaluzas de menor desarrollo y desigualdades convertían el concepto de Deuda Histórica en un acto de justicia retributiva.

Esas asignaciones excepcionales tendrían como destino enjugar nuestros déficits en servicios sanitarios, educativos y en el acceso a la vivienda.

De 1992 a 1994, las filas socialistas apagaron la reivindicación de la Deuda Histórica. En 1994, con la pérdida de la mayoría absoluta socialista en Andalucía, su demanda cobró el máximo vigor. A ello no fueron ajenos los entonces dirigentes de IU LV-CA.

El Gobierno del PP pagó, en dinero contante y sonante, el primer anticipo. No obstante, el PSOE convirtió la Deuda en el eje de su confrontación diaria con el Gobierno de la Nación.

Al regresar los socialistas al poder en 2004, el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, afirmó que la Deuda Histórica andaluza ya fue pagada con el AVE de 1992.

Y en 2009, 17 años después, nos pasan la factura del 92 -terrenos de Agesa, de la Expo del 92- para liquidar la Deuda Histórica. O sea, que los andaluces nos pagamos a nosotros mismos lo que estatutariamente nos debe el Gobierno.

En plena crisis económica y con un millón de parados, hay que recordar que la Deuda Histórica no es una ayuda gratuita sino un imperativo legal. La Junta de Andalucía debería cumplir y hacer cumplir al Gobierno de la Nación todos los artículos de nuestro Estatuto. Veintisiete años después de la aprobación del primer Estatuto, ningún indicativo socio-económico ha hecho desaparecer el fundamento de la Deuda Histórica.

Hace 28 años teníamos 500.000 parados; hoy, un millón y el consejero de Empleo acaba de anunciar un 30% de paro para el año próximo. La especialidad de los socialistas es consumir compulsivamente lemas triunfalistas como los de la «Andalucía Imparable» o los de la «II Modernización». Hoy sabemos que el nuevo Estatuto, el del consenso histórico, fue un lema más.

El celo y la complicidad de Rodríguez Zapatero con el Estatuto inconstitucional de Cataluña se convierte en actitud irrespetuosa y despreciativa en relación al Estatuto andaluz.

Con el silencio del señor Griñán y la complicidad del señor Chaves, las afrentas a Andalucía han sido y son constantes.

Un sistema de financiación que nos discrimina abiertamente. Nuestros recursos adicionales para 2010 llegan a los 1.350 millones de euros; los de Cataluña, el doble: 2.613 millones de euros. Se aceptó, sin rechistar, que el Estatuto catalán, ese que los socialistas defienden con uñas y dientes, prescribiera la inversión estatal en función del PIB. A más riqueza, más inversión. Más insolidario imposible. Los Presupuestos del Estado han supuesto una reducción de 773 millones del Fondo de Suficiencia para Andalucía, sin que los señores Griñán y Chaves alzaran su voz de andaluces.

Y ni tan siquiera que Andalucía tenga un 25% de paro ha sido suficiente para que Rodríguez Zapatero dote a nuestra Comunidad de un Plan de Especial de Empleo, como sí ha hecho con Canarias, Extremadura y Castilla-La Mancha.

Para coronar esta lista de agravios, el pago en solares de la Deuda Histórica que deja, por cierto, fuera a dos provincias, Córdoba y Málaga, con las que la Junta ha contraído su particular «deuda histórica».

No se trata sólo, con ser mucho, de dinero. La humillación de los socialistas al aceptar la liquidación de la Deuda Histórica sin cumplir el Estatuto anula de un plumazo el espíritu del 28-F. Los andaluces nunca, ni en la preautonomía ni ahora, hemos pedido privilegios. No queremos ser más, pero tampoco menos que el resto de los españoles. La Comisión Mixta del pasado jueves fulmina el consenso en torno al Estatuto. Ni siquiera se había informado previamente al Parlamento y a su Comisión de Desarrollo Estatutario. Ni el PP ni IU LV-CA hubiéramos acordado la reforma del Estatuto de saber anticipadamente que cobraríamos la Deuda Histórica en solares.

Con su liquidación fraudulenta, Rodríguez Zapatero ha dado una bofetada al señor Griñán en la cara de Andalucía.

No podemos aceptar sin más esta nueva traición. Estamos ante un ataque a nuestra dignidad como andaluces que, por cierto, fuimos clave en la construcción de la España de todos que ofrecía la «Constitución de la concordia».

Pocas veces ha tenido tanto sentido y oportunidad política el «andaluces levantaos». El PP andaluz lo hará codo a codo con los andaluces en la calle, junto a sus alcaldes y concejales, en el Parlamento autonómico, en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en los Tribunales. La dignidad de los andaluces no se liquida tan fácilmente.