Marlaska envía a la cárcel a otros 11 proetarras de Segi

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska envió ayer por la noche a prisión incondicional a otros 11 de los 34 detenidos el martes en la operación policial contra el nuevo entramado juvenil heredero de Segi, el ilegalizado grupo vinculado a ETA. El magistrado tomó esta decisión a petición del fiscal, que acusó a los arrestados de pertenencia a organización terrorista.

Con éstos, son ya 22 los detenidos que han sido encarcelados tras tomarles declaración el juez Grande-Marlaska. Hoy está previsto que concluyan los interrogatorios de los últimos diez detenidos en la redada que tuvo lugar en el País Vasco y Navarra. De momento, sólo dos de ellos, Oihana Fernández, de 26 años, y Raúl Iriarte, de 24, han quedado en libertad condicional, pese al criterio del fiscal Luis Barroso.

Los liberados, eso sí, tendrán que comparecer cada semana en el juzgado, están obligados a comunicar su domicilio y se les prohíbe abandonar el territorio nacional. El resto están acusados de participar en la refundación de Segi a través de la nueva denominación 'Gazte Independetistak' (GI), tal y como recogen los informes policiales.

Los interrogatorios a los detenidos se produjeron en paralelo a que el juez de la Audencia Nacional prohibiera dos actos de homenaje a tres terroristas -dos de ellos fallecidos- previstos para ayer en Algorta (Vizcaya) y hoy en Getxo (Vizcaya), al considerar que podrían constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.

El juez adoptó esta decisión a petición de la asociación Dignidad y Justicia y a instancias de la Fiscalía, y la justificó porque los actos están organizados por Askatasuna, organización de presos de ETA declarada ilegal por el Tribunal Supremo.

Pero Grande-Marlaska dejó en el aire la celebración, hoy en Bilbao, de una marcha convocada por familiares de los detenidos en la redada del pasado martes. Dignidad y Justicia pidió su prohibición, sin embargo, resulta complicado que se produzca ya que detrás del acto no hay una organización ilegal y los supuestos proetarras no han sido condenados.