Álvarez dice que el Cuco está «permanentemente vigilado»

El Cuco, el menor imputado por el asesinato de Marta del Castillo, «está vigilado por sus tutores y por la Policía Nacional» en el centro de internamiento de Puerto Real en el que fue ingresado hace dos semanas. Así lo confirmó ayer la consejera de Justicia, Begoña Álvarez, en una rueda de prensa que celebró en la Audiencia Provincial de Cádiz tras una jornada maratoniana de reuniones con los representantes de todos los sectores judiciales de la provincia.

A preguntas de los periodistas, la consejera confirmó ayer que el joven de 16 años imputado por asesinato y violación, cuenta ya con agentes de Policía encargados de su vigilancia, a pesar de las dificultades que la Comisaría de El Puerto -que tiene competencia en seguridad en Puerto Real- planteó en su momento, alegando falta de medios suficientes.

Como adelantó LA VOZ, la Policía solicitó formalmente a la fiscal de Menores de Sevilla, a través de un oficio, que recurriese la medida de libertad vigilada acordada por el juez en las condiciones actuales.

Sin embargo, la consejera se dio ayer por no enterada tanto de estas dificultades como de la petición formal de la Policía: «A día de hoy, no hemos recibido ninguna comunicación oficial que nos diga que no es posible la vigilancia», aseguró.

Begoña Álvarez recordó además, que El Cuco aún «no cuenta con permiso para salir» del centro de rehabilitación de Puerto Real (que depende de la Junta) ya que se encuentra en un periodo de examen de comportamiento por los psicólogos y sus tutores.

El menor, no obstante, se encuentra en libertad con cargos tras haber expirado el plazo máximo de reclusión que prevé la Ley sin que se haya celebrado el juicio. El juez de Menores Nº 3 de Sevilla acordó, no obstante, una vigilancia «especial» para el adolescente, debido a la alarma social que suscitó su liberación, así como una orden de alejamiento de 50 kilómetros de Sevilla.

La consejera de Justicia se reunió ayer en la Audiencia Provincial con prácticamente todos los colectivos judiciales de la provincia: desde los funcionarios hasta los magistrados, además de los abogados, los procuradores, los secretarios judiciales y los fiscales, con los que analizó la situación actual de la administración y cómo se va a abordar la puesta en marcha de la futura oficina judicial.