El Colegio Andaluz de Dentistas evaluará los casos de afectados por el cierre de Dental Line

La Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y el Consejo Andaluz de Colegios de Dentistas han acordado evaluar los casos de afectados por el cierre de las clínicas Dental Line mediante la elaboración de informes sobre el grado de cumplimiento en la ejecución de los servicios contratados con dichos establecimientos.

En dichos informes, que se llevarán a cabo a petición de los propios afectados por el cierre de estas clínicas, se determinará qué parte de los tratamientos está finalizada y qué parte no, a la par que servirán como prueba a los usuarios, en su caso, a la hora de emprender la vía judicial para la resolución del conflicto si se opta por ella.

Además, las valoraciones que harán los ocho colegios provinciales andaluces serán sin coste alguno para los afectados y consistirá en una exploración a estos pacientes en el gabinete dental de las respectivas entidades colegiales provinciales o bien en los gabinetes alternativos que se indiquen por cuestiones de operatividad.

Los afectados que soliciten dicho estudio deberán llevar consigo el presupuesto o el plan de tratamiento contratado con la clínica y podrán dirigirse a los teléfonos del colegio de dentistas de su provincia respectiva o bien al Teléfono de la Persona Consumidora de la Junta (900 84 90 90).

Tras este acuerdo, el Gobierno andaluz agradeció la sensibilidad demostrada por el Consejo Andaluz de Dentistas tras el llamamiento a la colaboración lanzado por la propia Administración autonómica durante una reunión que mantuvieron los responsables de la Consejería de Salud con dicha entidad colegial el pasado 29 de octubre para trasladarles la situación generada por el cierre de clínicas Dental Line en Andalucía.

Expediente abierto

Salud abrió el pasado mes de octubre un expediente informativo a Dental Line para conocer cuál es la incidencia que para las personas consumidoras en Andalucía está teniendo el cierre de clínicas de esta empresa, con la que los usuarios han contratado servicios y tratamientos.

A través de dicho expediente informativo se analizará también el estado de los créditos concertados por los consumidores con distintas entidades para la financiación de los tratamientos. La gran mayoría de las clínicas de Dental Line en la comunidad han sido asumidas por otros responsables y continúan su actividad.

Por otra parte, los inspectores de Consumo siguen llevando a cabo actuaciones en toda Andalucía para averiguar cuál es la situación de las clínicas de Dental Line y recabar datos sobre el número de afectados, los tipos de contrato que han suscrito para tratamientos, así como los créditos solicitados, en su caso, que parecen estar vinculados a la prestación de los servicios.

Los datos que recopilen los técnicos de Consumo respecto a Dental Line en las diferentes provincias servirán para informar con precisión a los consumidores sobre cuál es el procedimiento a seguir por parte de los afectados.

Reclamaciones recibidas

Entre el 1 de enero y hoy día 19 de noviembre, los servicios de Consumo de la Junta han recibido 204 reclamaciones contra estas clínicas, de las que cuatro han sido en la Dirección General, 71 en Almería, dos en Cádiz, 22 en Córdoba, 54 en Granada, cuatro en Huelva, 24 en Jaén, 12 en Málaga y 11 en Sevilla.

Entre los hechos que han ocasionado estas quejas destacan: fraude en la calidad de la prestación del servicio, incumplimiento en el presupuesto, solicitud de devolución de importe por servicios no realizados y tratamientos que no se han terminado por cierre.

En los servicios provinciales de Consumo ya se han iniciado expedientes sancionadores, que suman 13 en toda Andalucía en el año en curso (seis en Almería, uno en Huelva, tres en Jaén y tres en Málaga), cuyas cuantías pueden oscilar entre los 200 y los 30.000 euros, dependiendo de si la infracción es leve o tiene la consideración de grave. Las sanciones que están en trámite por este asunto suman 58.902 euros y la cuantía media de las sanciones es de 4.530 euros.

Inspección

Durante la labor realizada hasta el momento por parte de los inspectores de Consumo se ha constatado, en algunos casos, falta de colaboración e incluso obstrucción por parte de la empresa para llevar a cabo las funciones propias de la inspección de Consumo.

Asimismo, la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud pondrá toda la información que recopile al servicio de la Fiscalía en el caso de detectarse la posible comisión de un delito de fraude.