El Constitucional camina hacia un fallo del 'Estatut' que no gustará a nadie

El Tribunal Constitucional sigue sin ser capaz de pactar una sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Estatuto de Cataluña, pero, dadas las férreas posiciones en el debate, lo que ya está claro es que la sala se encamina, con alta probabilidad, hacia una resolución que no será del gusto ni de los populares, que pretenden invalidar buena parte del documento, ni del Gobierno catalán y los nacionalistas de CiU, que lo reivindican en su conjunto.

Una sentencia que declare constitucionales todos los apartados del Estatut considerados por los catalanistas como esenciales y se limite a marcar las líneas rojas de cómo deben ser entendidos para no chocar con la Carta Magna ya no es posible. Por el contrario, una resolución que fulmine la mayor parte de los artículos y disposiciones impugnados del texto aprobado en referéndum tampoco parece contar con muchas opciones.

La razón, según fuentes conocedoras de la discusión, es que, tras casi dos años de deliberaciones, las posiciones de cada uno de los diez magistrados que componen la sala ya están muy perfiladas y el único pacto de sentencia que parece posible, el que podría sumar una mayoría, es el que, para salvar buena parte del Estatut, declare la inconstitucionalidad de varios de sus puntos esenciales e imponga condiciones restrictivas de desarrollo para una parte importante de los artículos.

Es una cuestión aritmética. Cuatro de los magistrados progresistas, incluida la presidenta, respaldan el cuarto borrador de sentencia elaborado por la ponente, Elisa Pérez, que salva el Estatuto, fija límites de interpretación para que puedan ser declarados legales un buen número de artículos y reduce la inconstitucionalidad sólo a un puñado de aspectos menores. Otros cuatro magistrados conservadores se oponen de forma radical al borrador y apuestan por invalidar gran parte de la ley. Los dos restantes, el progresista Manuel Aragón y el conservador Guillermo Jiménez, son la clave para desequilibrar. No aceptan el borrador tal cual está porque creen que algún aspecto sustancial más debe ser ilegalizado, pero no parecen partidarios de sumarse a la mayoría contraria a la ponencia de Pérez. Su incorporación destrozaría el Estatut.

Este bloqueo de las posiciones se mantiene casi sin cambios, pese a más de una docena de reuniones del pleno desde finales de julio. Las fuentes consultadas coinciden en que, aunque ya nadie se atreve a hacer apuestas, cualquier acuerdo futuro debería pasar por que los partidarios de la ponencia logren atraerse a Aragón, y si es posible también a Jiménez, con alguna concesión a sus posiciones jurídicas, lo que proporcionaría una mayoría, aunque exigua, para dictar el fallo. Eso sí, la dificultad está en que si la ponente cede demasiado en la reelaboración de su borrador alguno de los progresistas favorables al Estatut pueden salirse del consenso por considerar que la sentencia es demasiado dura. Semejante 'sudoku' hace que tampoco nadie tenga la seguridad, pese a las declaraciones optimistas de la presidenta, de que la resolución del recurso se conozca antes de fin de año.

Símbolos nacionales

A estas alturas del debate, que continuará esta semana, lo que sí tienen claro unos y otros magistrados es que ya hay algunos aspectos esenciales del Estatuto, como el término «nación» con el que se califica a Cataluña en el preámbulo, que van a ser declarados inconstitucionales con seguridad porque no pueden salvarse con simples matizaciones. Las sombras de constitucionalidad y los esfuerzos por cerrar un acuerdo acechan también a otras declaraciones del texto como la definición de «símbolos nacionales» de la señera, la Diada y el himno Els Segadors, que consagra el artículo ocho, o los «derechos históricos» de Cataluña que predica el documento.

Otros elementos que también podrían estar sujetos a transacción, aunque quizás no a una supresión total, son la obligatoriedad del conocimiento de la lengua catalana o el principio de relación bilateral con el Gobierno central que establecen algunas partes del documento.