Caerán más viviendas

La psicosis ha vuelto a instalarse entre los propietarios de viviendas ilegales del municipio, que se preguntan si el derribo de la vivienda en Pago Melilla del lunes, el segundo en toda la historia del municipio, será el último.

Aunque desde la administración municipal se repite una y otra vez que el objetivo es «evitar los derribos», e incluso el alcalde, José María Román, ha asegurado en público en varias ocasiones que «el proceso de las Áreas de Gestión Básica evitará que se tengan que tomar este tipo de decisiones tan desagradables», lo cierto es que en los próximos meses podrían caer más casas.

Más de cien expedientes

En estos momentos la Fiscalía de Cádiz acumula más de un centenar de expedientes por delitos contra la ordenación del territorio en diferentes estadios administrativos, y cuyo último paso judicial es la demolición. Eso sí, los dos casos de viviendas que han sido reducidas a escombros en lo que va de año (la primera fue derribada en marzo en Majada de los Chivos y la segunda el pasado lunes en Pago Melilla), tienen circunstancias especiales; pero la situación del diseminado dista mucho de ser normal. En zonas de suelo no urbanizable existen inmuebles levantados sin control alguno, que taponan vías pecuarias o zonas de dominio público según el actual planeamiento urbano. Desde la Gerencia de Urbanismo se reitera el llamamiento a la calma y se asegura que el proceso de legalización pondrá orden y dará «seguridad jurídica» a la mayoría de construcciones.

Los propietarios sin embargo no las tienen todas consigo y muestran su preocupación en privado por el futuro de sus casas. Aún así, muchos de ellos siguen sin ver idóneo el proceso que les dará legalidad y servicios básicos. Más de 30 colectivos vecinales han creado de hecho una plataforma que se movilizará el día 21 para pedir la rebaja de los costes.

El actual PGOU define nueve Áreas de Gestión Básica y las Ordenanzas en trámites serán el marco legal que rijan esa regularización masiva. En el último año y medio 1.500 propietarios se han interesado por el proceso, que ya no tiene vuelta atrás y que costará casi 400 millones de euros.