UGT exige al Gobierno la regulación urgente del trabajador prejubilado

Urge crear «un marco jurídico» que respalde al trabajador que se ve afectado por una prejubilación, y por lo tanto expulsado del mercado laboral antes de cumplir los 65 años. Los procesos de prejubilación proliferan en tiempo de crisis y sirven a las empresas para ajustar las plantillas por la vía de salida de los empleados de más edad. Así lo denuncia una de las federaciones más importantes de UGT, la dedicada al metal, la Construcción e Industrias Afines (MCA). Esta organización ha elaborado una larga lista de peticiones para el Ejecutivo que comenzará a poner en marcha una vez concluido su 25º congreso, previsto del 11 al 14 de noviembre en Pamplona.

La regulación del prejubilado es una antigua reivindicación de UGT realizada por el secretario general de la central, Cándido Méndez, al propio presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la anterior legislatura. Entonces, el líder ugetista también abogó por que la fórmula para el cálculo de las pensiones no variara. Ninguna de las dos peticiones tuvo éxito. El prejubilado no quedó definido por ley y la cuantía de los retiros laborales sufrió alguna modificación, aunque leve.

UGT-MCA insiste en que los prejubilados «difícilmente volverán a un empleo digno que los permita llegar a la edad de jubilación ordinaria». Recomienda a los negociadores sindicales luchar por percepciones suficientes que conserven un nivel de renta adecuado, con garantía de pago de las cuotas a la Seguridad Social hasta los 65 años del trabajador. Consciente de que este final nunca se consigue, insta al Ejecutivo a bajar los coeficientes penalizadores de la jubilación anticipada, que suponen un elevado gravamen.

Y, precisamente, para atender a millones de expulsados involuntariamente del mercado laboral, el sindicato demanda ampliar la prestación de desempleo, en tiempo y cuantía, «al margen de que ello suponga incremento del déficit público». Además, a su juicio, debe flexibilizarse el acceso. El sindicato argumenta que en torno al 25% del total de desempleados carece de renta pública. Al mismo tiempo, el 65% de los trabajadores temporales tiene contratos de duración menor a los seis meses, por lo que la prestación contributiva (proporcional al salario recibido) está muy limitada.

Renta de inserción

La federación de la central socialista propone suprimir el requisito de responsabilidades familiares para que los menores de 45 años accedan al subsidio de desempleo. Igualmente, defiende la mejora de la renta activa de inserción (mezcla de ayuda económica y formación) para evitar el riesgo de exclusión social. En este caso, considera obligatoria la coordinación de la administración central y de las comunidades autónomas.

Otra de las apuestas de UGT-MCA es el establecimiento de «un marco europeo de negociación colectiva» que proteja los intereses de los trabajadores ante «las propuestas liberales» que «enfatizan» la conveniencia de «mayor desregulación de los mercados, incluido el laboral y mayor reducción del gasto público», si bien el sindicato reconoce que la tarea no será fácil por «la tradicional oposición de las patronales».

La federación MCA, primero sólo relacionada con el metal, cuenta con más de 200.000 afiliados y 30.000 representantes en las empresas. Desde hace 21 años, su máximo dirigente es Manuel Fernández (Mieres, 1947), conocido como Lito, cuyo nombre en más de una ocasión ha sonado como ministrable para Industria.