Situación crítica

L as últimas noticias en torno al secuestro del Alakrana, con el traslado a tierra por los captores de tres de sus 39 tripulantes, complican la pronta y satisfactoria resolución del problema y generan una angustia tal en los familiares de los rehenes que difícilmente puede verse atenuada por las palabras de la ministra de Defensa, al asegurar que «sabemos exactamente dónde están y que están bien». Desde que se produjo el asalto, hace más de un mes, han sido pocas las ocasiones en las que las informaciones sobre el secuestro han aportado señales de optimismo o momentos de un mínimo sosiego en su seguimiento. A ello han contribuido tanto la diatriba suscitada respecto a la necesidad de enrolar comandos de Infantería en los atuneros, como el distanciamiento y la desconfianza que afectan a las relaciones entre los familiares y el Gobierno. Clima muy distinto al que se percibió en el caso del Bahía de Bakio, y que se vio enturbiado tras la detención de dos de los piratas que asaltaron el 'Alakrana'. Es posible que la actuación de la Armada, extendiendo a las aguas del Océano Índico el ineludible mandato del Estado de Derecho para proceder a una detención tan 'in fraganti', constituya una reacción discutible en tanto que pueda no obedecer a una estrategia adecuada a las circunstancias del caso; circunstancias tan alejadas del control de ese mismo Estado de Derecho.Por eso mismo es necesario señalar que toda desavenencia entre Gobierno y familiares, entre alcaldes y otros poderes del Estado se convierte, en el cálculo pirata, en un factor de mercadeo tan o más importante que la permanencia de los dos somalíes en manos de la Justicia española.

La inquietante advertencia del patrón del Alakrana, vinculando la suerte de los 36 rehenes a la de los dos detenidos, refleja el insufrible pavor que los primeros están padeciendo a merced de asaltantes intratables. Pero, independientemente de las desconfianzas y del escepticismo que rodean el cautiverio, y de la equívoca petición del lehendakari López sobre una inhibición de los jueces españoles que no contempla la Audiencia Nacional, la suerte de los secuestrados estará siempre más segura bajo la responsabilidad del Gobierno y sus informados servicios que al albur de una polémica pública respecto a lo que ha ocurrido hasta ahora.