La Guardia Civil toma declaración a los menores del autobús de Villalbilla

La Guardia Civil está tomando declaración a todos los menores que viajaban en el autobús escolar donde dos niñas sufrieron presuntamente una agresión sexual por parte de un grupo de compañeros del instituto de Villalbilla (Madrid) para que, en presencia de sus padres o tutores, aclaren lo sucedido. Así lo han indicado fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil, según las cuales la investigación sobre este presunto caso de abuso a menores se abrió el pasado miércoles 28 "y aún no ha concluido".

Un portavoz de la Comandancia ha explicado que la Guardia Civil está llamando a declarar a todos los menores que viajaban en el autobús escolar y los está "explorando" (término que se utiliza para denominar la declaración de menores en presencia de sus padres) para tratar de clarificar los hechos. Ha indicado, asimismo, que se está explorando a los menores a medida que "su situación psicológica lo permite" y ha recalcado que la declaración siempre se realiza en presencia de sus padres o tutores legales, según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Los hechos que se están investigando ocurrieron el pasado día 22 por la tarde, en el autobús que transporta a alumnos del instituto Atenea, en el municipio madrileño de Villabilla, hasta sus respectivas localidades, después de una actividad extraescolar. En el trayecto, según la denuncia del padre de una de las víctimas, una decena de estudiantes intentaron agredir sexualmente a dos niñas menores, sin que el conductor del autobús supuestamente hiciera nada para impedirlo.

Expulsados del centro

A raíz de estos hechos, el pasado miércoles 28 nueve alumnos del instituto fueron expulsados de forma cautelar durante cinco días por las agresiones, sanción que finaliza el próximo miércoles. Ese mismo día, la inspección de Educación interpuso una denuncia ante la Guardia Civil y también dio traslado de lo sucedido a la Fiscalía de Menores, que están investigando el caso, además de al Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, que también ha abierto un expediente para aclarar lo sucedido.

Por su parte, el conductor del autobús de la empresa Sabroso Fraile, que es guardia civil, ha sido suspendido de funciones durante cuatro días por su jefe de unidad por una posible falta muy grave en contra del régimen de incompatibilidades al que están sujetos los agentes del instituto armado.

El agente -que por el momento sólo ha prestado declaración en dependencias policiales- podría ser acusado de un delito de omisión del deber de socorro, ya que las víctimas le acusan de que no hizo nada para evitar que fueran agredidas por sus compañeros.