Defender el futuro

El revés sufrido, tanto por el Gobierno central como por la Junta de Andalucía, ante la sentencia del Supremo que anula la reserva de 287 hectáreas de marismas del Parque Natural Bahía de Cádiz para la construcción de un gran polígono industrial deja en evidencia a los servicios técnicos correspondientes, cuya vaguedad en la redacción de los argumentos que justificarían el proyecto ha llevado al Alto Tribunal a admitir la reclamación presentada por los ecologistas de WWF-ADENA. Es elocuente que los magistrados no se hayan apoyado en argumentos medioambientales para anular el acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de abril de 2007 y una de las estipulaciones del convenio suscrito entre el Estado y la Junta, sino en la insuficiencia e imprecisión argumental que no tendría cabida en el marco delimitado por la Ley de Costas. Así, consideran que ni la tesis de que el espacio referido es la única bolsa de suelo vacante suficiente para albergar el polígono y hacerlo de manera integrada en todos sus servicios, ni el hecho de que esté fuera de "las extensas afecciones de protección ambiental" bastan para eludir la responsabilidad de presentar un informe detallado sobre posibles alternativas para la ubicación de una iniciativa de esta envergadura. Dado que el Tribunal no declara la nulidad del proyecto, sino que anula la reserva, los gobiernos concernidos deben tratar de paliar las deficiencias y asegurar una propuesta industrial en la que están comprometidos, nada menos, que 300 millones de euros y 10.000 empleos.

No debe ser difícil, ya que las razones de fuerza mayor que amparan la declaración de reserva del dominio público marítimo terrestre son, como hemos oido tantas veces en estos últimos años, claras y evidentes: la ausencia de otro suelo de similares condiciones para el proyecto, dada la existencia de un potente nudo de comunicaciones por carretera y vías férreas, con salida al mar y proximidad del aeropuerto, además de la adopción de medidas que preserven la calidad medioambiental del suelo afectado, que pertenece a una provincia que tiene una amplia superficie protegida, así como el interés superior para el bien común de los ciudadanos. Todo ello habrá de lllevarse a cabo con la máxima celeridad, porque la Bahía no puede seguir perdiendo tiempo en ganar su futuro.