Garzón acusa a la trama catalana de embolsarse 44 millones en 'pelotazos'Grilletes y bolsas de basura

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decretó ayer prisión incondicional para cinco de los nueve detenidos en la operación Pretoria contra la corrupción en Barcelona, entre ellos el alcalde socialista de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, y dos de los hombres fuertes de los Gobiernos convergentes de Jordi Pujol implicados en el sumario, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra. El magistrado acusa a los tres de ser los pilares de una trama para organizar pelotazos urbanísticos en tres municipios catalanes que reportó unos beneficios cercanos a los 44,6 millones de euros y de haber lavado fortunas en el extranjero durante los últimos años a través de obras de arte.

Garzón también envió a presidio al ex diputado socialista Luis García Sáez, Luigi, el gran muñidor de esta trama, y a Manuel Dobarco, concejal de Urbanismo y presidente de la empresa municipal de la vivienda Gramepark, la sociedad que aparece en el epicentro de las investigaciones.

Fianzas

Sólo se librarán de terminar tras los barrotes si abonan elevadas fianzas antes del lunes los tres empresarios acusados de pagar mordidas millonarias para hacerse con concursos amañados y Pascual Vela, el director gerente de servicios del ayuntamiento. Garzón impuso una fianza de 500.000 euros a cada uno de los dos promotores detenidos, Josep Singla, presidente de la inmobiliaria Proinosa, y Lluís Casamitjana, presidente del grupo inmobiliario Espais.

El último de los empresarios arrestados, Manuel Carrillo Martín, consejero delegado de la empresa de limpieza Limasa Mediterranea, deberá pagar una caución de 100.000 euros. Vela afronta una fianza bastante menor, 25.000 euros.

El fiscal Anticorrupción Luis Pastor y el magistrado imputan a los acusados los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude fiscal, fraude en las subvenciones, falsedad en documentos oficial y mercantil, blanqueo de capitales y encubrimiento. Según Garzón, los detenidos pertenecen a un «grupo organizado en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma con ramificaciones en otras localidades de Cataluña, Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal y en Islas Madeira y Caimán».

El magistrado asegura que las actividades de esta trama se han centrado en «modificaciones de los planes de ordenación urbana, el cobro de comisiones, cohecho, fraude a la Hacienda, fraude en las subvenciones de la Unión europea, exacciones ilegales y tráfico de influencias aprovechando los cargos institucionales de unos, la posición y contactos políticos de otros, y la actividad empresarial de los demás».

El juez relata que los grandes pelotazos de la red que coordinaba García Saéz tuvieron lugar entre 2000 y 2005 en los tres municipios bajo sospecha: Santa Coloma, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona. En el primero fue la operación Pallaresa, entre 2001 y 2005, con la edificación de un centro comercial. Ese enjuague supuso un desfalco al ayuntamiento de 13 millones de euros, que terminaron en el bolsillo de los corruptos.

Luego, entre 2002 y 2004, en Badalona gestionaron la reforma del puerto deportivo que dio como beneficio para la trama cerca de 14 millones. Finalmente, entre 2003 y 2007, modificaron el Plan de Urbanismo de Llavaneres para embolsarse 17,6 millones.

Los empresarios y dirigentes políticos detenidos en la operación Pretoria cambiaron la clase business del puente aéreo entre Madrid y Barcelona por las minúsculas celdas del autocar-calabozo de la Guardia Civil. Los ocho detenidos en Cataluña por orden de Baltasar Garzón llegaron a 7.30 horas a la Audiencia Nacional. Allí, a las puertas del tribunal y a la vista de todo el que pasara a esas tempranas horas por la calle, tuvo lugar la consigna de equipajes.

Todos los acusados, que fueron descendiendo del autobús con las manos esposadas por delante y bien visibles, recogieron uno a uno sus pertenencias. No hubo maletas caras ni sonrientes azafatas, sino verdes uniformes y grandes bolsas de plástico, como las usadas para la basura. El azul eléctrico de las bolsas contrastó con el sobrio azul de los trajes de chaqueta y corbatas que lucían los imputados quienes, a pesar de haber pasado la noche en la cárcel Madrid V, parecían salir de un hotel.