Salud reproductiva

El Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Salud Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, después de promover un debate serio sobre el aborto en España que ha durado más de un año. La nueva regulación responde a un compromiso histórico con las mujeres, que se plasmo en el programa electoral socialista y en las prioridades de gobierno. En la elaboración del proyecto de ley se constituyó un comité de personas expertas, independientes y de prestigio profesional, que ha evaluado los problemas planteados en la aplicación de la legislación vigente en España y ha llevado a cabo un análisis de la existente en otros países de nuestro entorno.

El Parlamento ha contribuido a la reflexión serena, al consenso y al diálogo con el trabajo de una subcomisión parlamentaria, que ha prestando especial atención a los problemas planteados por una ley que superado los veinte años desde que se aprobó, aportando sus conclusiones y recomendaciones. Las tasas de embarazos no planificados que terminan en abortos siguen creciendo, como consecuencia de una escasa política de prevención que insista en la educación sexual y la salud reproductiva.

Los profesionales que llevan a cabo la prestación también sufren la inseguridad jurídica derivada de esta indefinición de la ley y de la presión que se ha ejercido sobre ellos. La justicia ha abierto causas injustificadamente y se han vulnerado importantes derechos de confidencialidad e intimidad.

El anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros es el resultado de un amplio debate y propone una nueva regulación que da solución en el marco de la Constitución a los problemas detectados, apostando por la educación sexual y sanitaria preventiva, la seguridad jurídica de los afectados y el respeto y la tutela de los derechos y bienes jurídicos presentes. Se reconoce y garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, protegiendo los derechos fundamentales de la mujer que solicita la intervención, en particular su derecho a la vida, al libre desarrollo de su personalidad, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación.

El texto plantea obligaciones y recomendaciones a las administraciones públicas para que pongan en marcha medidas a favor de la salud sexual y reproductiva, tanto mediante el fortalecimiento de la formación y la educación, como la mejora en la atención a la salud, la formación y capacitación de los profesionales sanitarios.

La nueva regulación es equiparable a la mayoría de las legislaciones europeas y establece un sistema de plazo, complementado con indicaciones que regulan determinados supuestos de carácter médico. En las primeras 14 semanas prevalece el derecho de autodeterminación de la mujer, que podrá decidir libre e informadamente. Después, hasta la 22, sólo será posible la interrupción si existe riesgo grave para la vida o la salud de la mujer o riesgo de graves anomalías en el feto.

La interrupción voluntaria del embarazo se incorpora expresamente a la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud, garantizando el acceso a la prestación a todas las mujeres, independientemente de su condición económica o del lugar en el que vivan.

Desde el respeto a todas las creencias que no pueden imponer a todos sus códigos morales, ni criminalizar a quienes se ven en el trance de enfrentarse a un embarazo no deseado, ahora corresponde seguir trabajando, especialmente en aquellos aspectos más controvertidos, tales como la objeción de conciencia de los profesionales y la información a los padres en el caso de menores, para obtener el mayor apoyo parlamentario posible, así como el mayor respaldo social.