El PP prohibirá a sus dirigentes recibir regalos a partir de diciembre

Escaldado por el caso Gürtel, Mariano Rajoy quiere imponer al PP un Código de Buenas Prácticas, en el que se establecerán los regalos que no pueden recibir los dirigentes y las obligaciones que deben asumir para garantizar la transparencia de su gestión. El líder opositor encargó su elaboración a la vicesecretaria de Organización, Ana Mato, que presentará la propuesta a finales de noviembre.

Ningún responsable del PP podrá recibir dádivas de las empresas con las que contrate el partido y éstas renunciarán a regalar a los políticos. Se estudiarán, no obstante, algunos límites admisibles para determinadas ocasiones, como fiestas navideñas u onomásticas. La norma, todavía en fase incipiente, será de obligado cumplimiento para los directivos del PP, pero también para todos sus cargos públicos.

Mato está convencida de que «con este sistema de prohibición de los regalos» el PP «dará ejemplo y evitará que haya un trato de favor y que alguien se pueda aprovechar». Se definirán también, añade, mecanismos de control para vigilar la aplicación de la normativa. El documento incluirá asimismo un nuevo régimen de contrataciones mediante concurso para los actos de la dirección nacional y de las organizaciones territoriales a fin de erradicar prácticas como las que propiciaron el crecimiento de la red de Francisco Correa.

Se institucionalizará el sistema que se utilizó para la adjudicación de la campaña al Parlamento Europeo, con una mesa de contratación en la que habrá un representante del departamento de auditoría. Esta fórmula se utilizará para encargar los viajes, actos públicos o campañas.

El PP recupera así y amplía uno de los compromisos incluidos en el Código Ético del PP de 1993 y actualmente incluido en la legislación, como la declaración de bienes y actividades de los cargos públicos. Con el nuevo código tendrán que hacer públicas sus bienes, intereses y actividades los directivos de la organización aunque no ocupen puestos de representación o de gestión en las distintas administraciones. Este precepto será inexcusable para los miembros de la dirección nacional, pero también para los de los órganos territoriales.

La reforma que ha anunciado Rajoy hará las normas internas del principal partido de la oposición, al menos formalmente, más restrictivas que las del PSOE. Los socialistas no tienen reguladas las dádivas, pero hace ya años que sus estatutos establecen la obligatoriedad de someter a examen la situación patrimonial de cargos públicos y también orgánicos. Supuestamente -y según consta en los estatutos aprobados en el 37 Congreso celebrado en 2008- las cuentas del Partido Socialista se someten cada año a una auditoría externa. Y, como medida de control extraordinaria, la ejecutiva tiene la potestad de encargar a una entidad independiente la supervisión de la contabilidad de las actividades realizadas en «cualquier ámbito» el partido.

En cualquier caso, la firmeza ante escándalos de corrupción está al albur de interpretaciones. Los estatutos son ambiguos y dejan en manos de la dirección la expulsión provisional de un militante «cuando se produzcan supuestos de actuaciones gravemente irregulares». Con esta norma, la ejecutiva ha cortado la cabeza a muchos cargos públicos imputados por los tribunales con menor piedad que el PP, pero permite que sigan en sus puestos otros como el presidente del Consell de Ibiza, Xicu Tarres, por ejemplo; o el ex alcalde y hoy concejal de la localidad tinerfeña de Granadilla, Jaime González Cejas.