El abogado de Roca argumenta que su cliente no tenía poder para gestar planes urbanísticos y responsabiliza a Gil

La Audiencia Provincial de Málaga acoge desde primera hora de esta mañana la revisión del auto de procesamiento del denominado 'caso Malaya', contra la corrupción en Marbella, con la celebración de las primeras vistas sobre los 62 recursos presentados por los procesados en la causa. Las apelaciones se prolongarán hasta el día 30.

El primer letrado en comparecer ha sido Anibal Álvarez, abogado de Juan Antonio Roca, el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella. Álvarez ha argumentado ante el tribunal que Roca ha sido considerado el presunto cerebro de la trama de corrupción cuando, según la defensa, el ex asesor urbanístico no tenía poder para gestar ni desarrollar ningún plan urbanístico. Según el abogado, Roca no tenía potestad para desarrollar todo lo que se le atribuye y aseguró que en la época de Jesús Gil era el propio alcalde el que se encargaba personalmente de estos asuntos, además de ser la persona que diseñó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)..

Álvarez ha asegurado durante su intervención que su cliente "ni ordenó ni diseñó el plan general" y que en Marbella "no se movía nada" sin el visto bueno de Jesús Gil. Además ha destacado que era ilógico pensar que todo un consistorio fuese movido por una persona que "ni era político ni se presentó a las elecciones, no tenía cargos de gobierno".

Para este letrado, su cliente ha sufrido una clara indefensión y argumenta que todas las acusaciones que pesan sobre él se basan en el resultado de las declaraciones que "bajo presión" consiguieron de los detenidos después de que permanecieran 72 horas arrestados antes de comparecer ante el juez.

Ha criticado "el linchamiento mediático" y "los juicios de valor" y ha defendido las sociedades creadas por Roca, que, a su entender, cumplían con la legalidad, pagaban a Hacienda y recibían créditos de entidades bancarias.

Álvarez ha arremetido contra la instrucción por la falta de rigor al no precisarse los periodos en los que supuestamente se cometieron los delitos y al afirmar que todo se basa en iniciales y acrónimos.

Las defensas de Muñoz y Yagüe

El siguiente en intervenir ha sido el letrado del ex alcalde Julián Muñoz, Ignacio Prieto, quien ha cuestionado la falta de motivación del auto de procesamiento, y ha asegurado que las decisiones urbanísticas se tomaban entre Jesús Gil y Juan Antonio Roca.

Prieto ha criticado que se mantenga la acusación contra su cliente cuando el propio Juan Antonio Roca ha negado que haya realizado algún pago a Julián Muñoz. Ha afirmado que su cliente nunca perteneció al entramado del ex asesor de Urbanismo, y ha recordado que fue desbancado con una moción de censura de la alcaldía.

Por su parte, el defensor de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, Pablo Luna, ha reprochado la falta de precisión en las acusaciones y ha aludido al "maremagnum de investigación", en un proceso sujeto a la indefensión y por tanto sujeto a la nulidad de las actuaciones.

Hasta el día 30

En las próximas dos semanas la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga afronta los 62 recursos de apelación interpuestos contra el auto de procesamiento del caso Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella. Tras los ex responsables municipales se estudiarán los recursos de los empresarios imputados, entre los que se encuentran los principales responsables de la promotora Aifos.

Para la próxima semana, la Sección Primera ha fijado vistas para un grupo de procesados presuntamente relacionados con el blanqueo de capitales y el entramado societario, inicialmente fijadas para los días 26, 27 y 28. Entre los recursos que se verán están los de los abogados del despacho Sánchez Zubizarreta, Montserrat Corulla y otros supuestos testaferros de Roca.

El día 29 de este mes están previstas las vistas sobre los recursos de otros 14 imputados, entre ellos el ex primer teniente de alcalde Pedro Román, los empresarios Carlos Sánchez, Andrés Liétor, José Avila Rojas, Ismael Pérez, y varios marchantes de arte. Por último, se ha reservado el día 30 para el ministerio fiscal y las acusaciones particulares.

No obstante, la Sala precisa en dicho documento que se procurará actuar con "la mayor flexibilidad" para que en los días asignados a cada grupo "los señores letrados puedan informar en el momento que menos perjudique la mecánica de sus despachos", por lo que estos señalamientos iniciales podrán variar a lo largo de las dos semanas previstas.

El Tribunal señala, asimismo, que se trata de un señalamiento "complicado" y que la citación genérica se ha realizado con el fin de que los letrados que lo deseen "puedan asistir a todas las vistas de los recursos o aquellas que puedan interesarles". Las vistas se celebrarán en la Sala del Jurado de la Ciudad de la Justicia, que ha sido acondicionada para ello.

Rercursos de reforma

Las vistas sobre los recursos de apelación se producen después de que el juez del caso, Óscar Pérez, desestimara la mayoría de los recursos de reforma presentados por 66 procesados en la causa, contra el auto de procesamiento dictado por el anterior instructor, Miguel Angel Torres, en julio de 2007, en el que procesaba en total a 86 personas.

Pérez estimó sólo los recursos presentados por dos imputados, declarándolos no procesados; mientras que desestimó el resto. A través de un auto, se señalaba que la pretensión de los recurrentes sobre la nulidad de las actuaciones por nulidad de las intervenciones telefónicas o registros domiciliarios no se estaba planteando en el "momento procesalmente conveniente", que es en el juicio, mediante las cuestiones previas.

Asimismo, exponía que existen "indicios de que los integrantes de la corporación percibieron diversas cantidades de Juan Antonio Roca para la realización de actos administrativos que suponían un perjuicio para los intereses municipales", al igual que dijo para los empresarios que presuntamente pagaron; rechazando los argumentos en contra de las anotaciones contenidas en los archivos Maras.