Tres familias pendientes de un acuerdo

La notificación que recibieron los expropiados de San Onofre señalaba el pasado día 1 de septiembre como fecha tope para abandonar sus viviendas, pero la negativa de los afectados a aceptar la propuesta de indemnización planteada por la Gerencia Municipal de Urbanismo, a través de la Empresa de Suelo Isleña (Esisa), les proporcionó dos meses de plazo para resolver el conflicto.

Casi mes y medio después las tres familias continúan sin alcanzar el acuerdo que les de la tranquilidad de conocer que les deparará el futuro. En las últimas conversaciones mantenidas con los responsables de Urbanismo les comunicaron que los técnicos municipales acudirían a las fincas para estudiar la posibilidad de revisar las valoraciones. Uno de los afectados Juan José Olvera explicó que «nos han ofrecido unas cantidades como si fueran chabolas de hace 50 años, y todas estas casas están íntegramente reformadas». Además Olvera señaló que ya les había comunicado la «negativa» a tasarlas a precio de mercado.

Días contados

Así las cosas los afectados aseguran haber dado un voto de confianza a los responsables municipales para resolver la situación. «Esperemos que no estén alargándolo para no ofrecernos una trato justo y razonable». Pero por el momento el plazo establecido por Urbanismo llega a su fin y siguen sin recibir la esperada visita de los técnicos de esta delegación.

Las tres familias, dos matrimonio con hijos, y una mujer viuda, se enfrentan a situaciones diferentes. Juan José Olvera y su mujer Inmaculada, aseguran que con los 43.000 euros que les ofrecieron en un primer momento no podrían «ni comprar un garaje para meter nuestras pertenencias». Pierden una vivienda de dos plantas en la que han nacido sus dos hijos. «Ellos son los que lo están pasando peor porque tienen sus amigos y el colegio en esta zona, y si nos vamos va a ser un choque para ellos tener que cambiarlo todo», explico Inmaculada. Tendrán que empezar de cero y cambiar las escrituras de su actual vivienda por una hipoteca.

Magdalena Moreno de 77 años es una de las más afectadas. Explica que lleva 50 años viviendo en esa casa. «Acababa de reformar mi casa cuando me enteré y ahora sólo me dan la opción de irme a vivir de alquiler y no dejar herencia a mis hijos», señaló esta mujer viuda, que es la madre de Juan José Olvera. A Juan Domínguez Lobo le han ofrecido 36.000 euros y su problema reside en que su casa sólo está afectada en uno de sus laterales. «Derribarán este cuarto de baño y este cuarto, y no sabemos si afectará a este muro que es uno de los pilares principales, por el plano si lo hace, pero de palabra nos han dicho que no, aunque nadie ha venido a mi casa a comprobarlo», lamentó.

Con esta tesitura las tres familias afectadas sólo piden un trato justo que les devuelva la tranquilidad y un lugar donde vivir.

sanfernando@lavozdigital.es