Se tiene previsto crear un Observatorio Público del Agua en el que el usuario tendrá una participación activa y decisoria. / L.V.
Ciudadanos

Quien malgaste el agua la pagará mucho más cara

La recién aprobada

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Abrir el grifo no le cuesta lo mismo a un gaditano que a un malagueño. Ni siquiera un gaditano y un portuense pagan lo mismo cuando cada dos meses reciben en su casa la factura del agua. Y es que hoy por hoy en Andalucía no existe una normativa unitaria al respecto que iguale y homogeneice tarifas y permita que todos puedan beneficiarse de servicios de la misma calidad.

Por ese motivo, uno de los objetivos principales de la nueva Ley de Aguas que se está tramitando ya en el Parlamento andaluz, y cuya entrada en vigor está prevista para comienzos de 2010, será que se aplique un principio de recuperación de costes que, como dice la directiva de la UE, significa ni más ni menos que cualquier andaluz reciba los mismos servicios y pague equitativamente por ellos.

La aplicación práctica de esta filosofía implica a todos los efectos cambios en las tarifas y el precio del agua, que desde la oposición política se han criticado como un nuevo impuesto para las familias, con importantes incrementos en la factura, pero que la Consejería de Medio Ambiente ha negado alegando que «no hay tasas ni cánones nuevos, sólo un cambio de nombre de las figuras», como explica el gerente de la Agencia Andaluza del Agua en Cádiz, Federico Fernández.

Precios «progresivos»

Pese a todo, desde la Junta no han negado que pueda haber incrementos en las facturas, aunque dejan muy claro que lo que va a ocurrir es que el precio del agua estará en consonancia con su consumo. De esta forma, los que saldrán perjudicados serán «los que cometan abusos con el agua, es decir, los que realicen consumos irracionales», matiza Fernández.

A estos usuarios la nueva normativa los penalizará, y para ello aplicará parámetros como el número de miembros en la unidad familiar, etc. -que se desarrollarán cuando se apruebe la ley-, mientras que bonificará al resto ya que «las tarifas serán progresivas, para que pague más caro el que más gaste».

En esa misma línea, la nueva normativa -la primera unitaria en la comunidad, ahora que tiene todas las competencias del agua- tiene previsto introducir tramos exentos para algunos colectivos como el de los pensionistas, las familias numerosas y las personas con rentas muy bajas. Un detalle curioso sobre la posible penalización por el malgasto de agua que se introduce con la futura norma es que instituciones como los ayuntamientos tendrán que velar por no despilfarrar agua, ya que «también se les castigará llegado el caso, y la Junta podría dejar incluso de realizar inversiones si no mejoran su red», apunta el gerente de la Agencia en Cádiz.

De todas formas, tal como habían pedido desde las asociaciones de consumidores, la aplicación de estas nuevas tarifas no será de golpe, sino que se hará gradualmente desde que se apruebe la Ley de Aguas y hasta el 31 de diciembre de 2012: el primer año de entrada en vigor de la nueva norma se aplicará un 30% del nuevo canon, el segundo un 45% y así hasta el 100%.

Para la Agencia Andaluza del Agua, un det alle significativo es que con la Ley de Aguas, el dinero recaudado en las facturas y con las sanciones tendrá un carácter «finalista», es decir, que se reinvertirán por completo en los proyectos previstos en el plan de infraestructuras de depuración y saneamiento y en la protección y regeneración de las masas de agua.

Este plan de infraestructuras tendrá que presentarse a los dos meses de la aprobación de la ley, y debe ejecutarse antes de 2015. En él se incluirán un buen número de obras para Cádiz, y una de las más relevantes será el nuevo azud de El Portal.

Respecto a los derechos de los usuarios con la nueva ley, un capítulo importante -además del de recibir un servicio de calidad- es el de que podrán participar activamente en las decisiones de gestión y planificación del uso del agua. Para ello, se creará un Observatorio Público del Agua, órgano de consulta y participación que, entre otras funciones, se encargará de fijar estándares de calidad sobre el servicio que se presta a los usuarios para poder así establecer las tarifas con criterios claros y transparentes.