El debate sigue abierto

Hace apenas unas semanas que la nueva Ley de Aguas llegó al Parlamento andaluz, y ahora tendrá que pasar por la obligatoria tramitación durante la que la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, espera que se produzca un debate «constructivo» y con «vocación de entendimiento» entre los diferentes grupos, a cuya «altura de miras» apeló.

El optimismo de la consejera lo justifica ella misma en el hecho de que, «aunque aún tienen cabida todas las aportaciones que se hagan», el borrador del proyecto de Le cuenta con el «consenso y respaldo más amplio que se hubiera imaginado» por parte de regantes, agricultores, empresarios o Administraciones Públicas.

Así, Castillo ha resaltado por activa y por pasiva que la Administración ambiental ha dado «sobradas muestras» de su inclinación a aceptar las propuestas que se han planteado en los distintos borradores de la Ley, señalando que, «no en balde, se han incorporado alrededor del 80% de las más de 1.000 alegaciones que se han presentado». Asimismo, defendió que el texto ha contado con el «respaldo unánime» del Consejo Económico y Social de Andalucía (CES) y del Consejo Consultivo, órganos que a través de la emisión de respectivos dictámenes han trasladado diversas observaciones que «también han sido tenidas en cuenta en la Ley».

Los consumidores, a favor

Uno de los colectivos que ha dado su visto bueno a la futura ley es el de los consumidores. Así lo confirmó a LA VOZ el presidente de la Unión de Comerciantes de Cádiz, Miguel Ángel Ruiz, que recordó que desde el principio han estado al tanto de las aportaciones del nuevo documento como integrantes del Pacto Andaluz del Agua.

Respecto a las nuevas tarifas que pueden encarecer la factura del agua, Ruiz reconoció que este posible incremento no llega en el mejor momento, porque «con la crisis actual cualquier aumento desestabiliza la economía familiar», pero también recalcó que «la clave está en hacer pedagogía y que el usuario entienda que el que pagará más será el que malgaste». «Se trata de imponer una nueva cultura del agua, y apostar por la concienciación», añadió este portavoz.

En este sentido, el representante de la Unión de Consumidores argumentó que el nuevo sistema para fijar el precio del agua recoge una de sus principales reivindicaciones, porque «las tarifas no podían ser tan dispares en toda Andalucía y lo que había que lograr es que todos los ciudadanos pagaran los mismo por recibir el mismo servicio».

Además, Ruiz también dio por bueno un posible «incremento» del precio, siempre que sea «progresivo según la renta y el número de personas en la unidad familiar» y, sobre todo, siempre que «eso suponga que habrá una mejora sustancial de la calidad del servicio y de la calidad del agua». Según Ruiz, «es necesario que haya mejoras infraestructuras, también para evitar pérdidas».

Eso sí, el presidente de la Unión también dejó muy claro que lo que no van a apoyar es que los aumentos sean excesivos, y cuando todos los parámetros estén definidos los estudiarán con detenimiento. Además, apuntó que lo que ya han rechazado es que su aplicación se haga de golpe, como ocurrió con la electricidad, y por eso «va a hacerse de forma gradual».

Patronal y regantes

También se han mostrado a favor de la nueva norma desde la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), que defiende que «los complejos intereses de los empresarios han contado con la sensibilidad de la Junta», así como los regantes andaluces, representados por Feragua.

En el caso de los agricultores de riego, los debates sirvieron para «acercar posturas», aunque aún encuentran escollos en cuestiones como «la imprecisión del canon de servicios generales» y «el bajo nivel participación de los usuarios con concesión en los órganos de gestión». Pese a todo, los regantes confían en que «las diferencias puedan resolverse durante el trámite parlamentario».

En cuanto a las organizaciones agrarias, COAG y UPA también creen que se pueden hacer mejoras, pero consideran que «la norma acabará con los privilegios y priorizará el uso de agua para actividades económicas sostenibles y generadoras de empleo», así como que «introduce criterios de transparencia y control sobre el mercadeo».

Más reticencias ha mostrado Asaja, que también llegó a un principio de acuerdo con Medio Ambiente, pero que dice que hay pendientes aspectos importantes como «la gestión de las aguas subterráneas, el cobro de un canon a los propietarios de pozos privados o la aplicación del régimen sancionador».

Oposición frontal

Por contra, los partidos de la oposición, PP e IU, han mostrado su total rechazo a la norma, a la que han llegado a calificar de «intervencionista» y «recaudatoria», y de la que los populares han llegado a decir que aumentará en un 40% la factura doméstica. Para IU, además, supone «el triunfo del lobby conservador de empresarios y agricultores».

Por último, Ecologistas en Acción consideró que es una «memez» que la Junta apunte que le futura Ley quiere dinamizar la economía, y criticaron que no se haya consultado a su colectivo.