Sin inmunidad

L a resolución de la Corte Constitucional italiana, por la que anula el llamado Laudo Alfano que garantizaba la inmunidad de Silvio Berlusconi y de otras tres altas autoridades del Estado, abre la puerta a la reactivación de los procesos judiciales que tiene pendientes el primer ministro, con derivaciones imprevisibles para la estabilidad del país. El fallo del Tribunal, adoptado por una ajustada mayoría, refleja que los jueces han sido capaces de pronunciarse con independencia frente a las intensas presiones recibidas, lo que reflejaría que aún existen en Italia áreas de la vida pública autónomas frente a la depauperación política que arrastra el país y el impacto de los escándalos que rodean a su máximo responsable. Que uno de los argumentos para revocar la legislación especial sobre Berlusconi haya sido su incompatibilidad con el artículo 3 de la Constitución, que consagra el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, remarca la excepcionalidad de la norma anulada y desestima las tendenciosas tesis sobre el aforamiento que debería merecer el primer ministro esgrimidas por sus representantes legales. La airada reacción de Berlusconi, tildando a los jueces de izquierdistas y asegurando que seguirá adelante «con o sin» inmunidad, abunda en la línea defensiva según la cual el veredicto del Tribunal estaría motivado por criterios políticos; al tiempo que vuelve a sugerir una confrontación de la ley con la voluntad popular que presagia una peligrosa colisión entre dos poderes del Estado y una mayor agitación política. Pero el hecho de que sea justamente el jefe del Gobierno el protagonista central de la decisión judicial y el notable apoyo popular de que aún dispone no le eximen en ningún caso de la responsabilidad de evitar a sus conciudadanos un deterioro institucional cada vez más agudo.