La sombra de 'Gürtel' se extiende a los gobiernos de Galicia y Castilla y León

La sombra de Gürtel ya no sólo oscurece a la Comunidad Valenciana y a Madrid. Los documentos desclasificados por el juez Antonio Pedreira salpican a los gobiernos populares de otras dos autonomías, Galicia y Castilla y León. Los informes más embarazosos son, sin duda, las escuchas en las que Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP en Galicia y persona de confianza del que fuera hombre fuerte de la Xunta de Galicia, Xosé Cuiña, advierte de que «se puede montar un lío morrocotudo» si aparecen las cuentas del partido.

La conversación intervenida data del 24 de febrero pasado. Es una comunicación en la cárcel entre Crespo, número dos de la trama 'Gürtel', y su abogado. El ex dirigente popular advierte a su letrado de que en una «caja de seguridad de Pontevedra» está «la información económica de toda mi gestión como secretario de Organización del PP de Galicia durante cuatro años, cuatro ejercicios completos».

Crespo no cree que cuando se descubran esos papeles haya un «problema jurídico muy grave», «salvo lo del ejercicio de 1999». Si los medios de comunicación publicasen las cuentas del PP gallego ese año, avisa a su abogado, «el lío que se puede montar es morrocotudo». Se muestra inquieto y, sabedor del posible ilícito, pregunta a su defensor «¿cuándo prescriben ese tipo de cosas?». «Depende de lo que estemos hablando, si es un problema de financiación irregular que puede conducir a un delito electoral, como mucho diez años», explica el abogado, quien, no obstante, advierte a su cliente de que una cosa es la caducidad de las irregularidades y otra es que ciertos medios informen de esos delitos aunque estén prescritos.

Otro informe del 13 de marzo de 2009 de la Brigada de Blanqueo de Capitales se hace eco de otros pasajes de ese diálogo. Crespo reconoce en este documento a su letrado que en esos papeles de la contabilidad del PP gallego «hay una relación de ingresos y gastos, sin especificar quién ingresaba», y se muestra seguro de que «cuando se levante el secreto del sumario esto va a traer cola».

«Adjudicación amañada»

Los textos desclasificados ayer también ponen el foco en la «adjudicación amañada» de la variante de Olleros de Alba, en León. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal concluye en su atestado del 9 de marzo de 2009 que aquella obra, por valor de más de 2,8 millones de euros, fue adjudicada en 2002 por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León a la empresa Teconsa, después de que hubiera una «participación activa de la organización de Francisco Correa» y de «algún político» para «influir» en la decisión del Gobierno autónomo.

Aquellas presiones, sostiene la UDEF, tuvieron sus frutos y se reflejaron en la contabilidad B de la trama. En poder del contable de la red, José Luis Izquierdo, los investigadores encontraron una carpeta azul y el famoso 'pen drive' que «acreditan» que la trama se llevó por esa intermediación 120.100 euros, que se repartieron entre cinco personas: el propio Correa, Luis Bárcenas y otros tres individuos no identificados.

La Fiscalía Anticorrupción remitió ayer un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que solicita que investigue el contenido del informe policial que ponía en duda la legalidad de la financiación del PP de Valencia. En concreto, pide la práctica de «determinadas diligencias a fin de esclarecer y comprobar» las actividades de Orange Market, empresa matriz de la red 'Gürtel' en la Comunidad Valenciana, y el sistema de facturación y financiación de los actos de los populares.

El documento llegó al Tribunal Superior de Justicia de Valencia en plena deliberación sobre la causa contra Francisco Camps por el caso de los trajes. Procedía del instructor Antonio Pedreira, pero el tribunal valenciano rechazó el informe porque excedía del objeto investigado: el posible delito de cohecho impropio de los imputados.