El juez declara culpable al chipionero detenido en Honduras

Impotencia, rabia y una profunda desolación fueron los sentimientos que embargaron a los familiares de Antonio Porta cuando conocieron el veredicto de culpabilidad que la Audiencia hondureña dictó contra el chipionero. Un mínimo de ocho y un máximo de 16 años de prisión para una sentencia que no es firme y que dentro de un par de días, cuando se le comunique la misma por escrito, se podrá apelar.

«Haremos lo que haga falta. Escribiremos al Rey y al presidente del Gobierno. Ahora es cuando tiene que funcionar el Ministerio de Exteriores». Los hermanos de Antonio trataron por todos los medios de consolar a Josefa, su madre, desecha en llanto frente a las fotografías de su hijo. De momento, Antonio Porta permanecerá en la prisión de Tegucigalpa hasta que se resuelva el recurso, aproximadamente dentro de un mes. Así se lo hizo saber a la familia tanto la consul, María Luisa Benítez, como el abogado defensor, Marco Tulio Amaya, quien detalló que si tras el primer recurso, Porta vuelve a ser condenado, cabe una segunda apelación cuyo resultado se conocería en un máximo de diez meses.

Suena el teléfono

Fue la propia cónsul, María Luisa Benítez, la primera en ponerse en contacto telefónico con el número 8 de la calle Flamenco, sobre las 23.15, para comunicarles que había sido declarado culpable de los delitos de sedición y daños agravados. Dos penas que suponen de cinco a diez años y de tres a seis respectivamente.

Benítez explicó que de los ocho enjuiciados, Antonio y otro hondureño fueron identificados por dos agentes como autores de pedradas contra los vehículos policiales durante los disturbios acaecidos el pasado martes entre la Policía y los partidarios del presidente depuesto Manuel Zelaya. Unas declaraciones que, según Benítez, prevalecieron sobre de la versión de los acusados, que se declararon inocentes.

Juicio injusto

En este sentido, el abogado aseguró a la familia que el juicio «no ha sido justo, ha sido un juicio político» y que en el recurso aducirán «las contradicciones en las declaraciones de los tres policías, que no coincidieron al señalar el lugar exacto donde fue detenido Antonio».

La cónsul, por su parte, intentó tranquilizar a la familia asegurándoles que hoy mismo iría a visitar a Antonio a la prisión, «para ver cómo se encuentra y que necesita», y también para intentar que les telefoneara para que así pudiese hablar con ellos.

Tanto Benítez como Amaya confirmaron que habían puesto en conocimiento de la jueza los billetes de avión y la reserva del hotel de Antonio, en su calidad de turista, así como los informes médicos que confirman su minusvalía, «pero la jueza no lo ha tenido en cuenta».