Ley sin consenso

La aprobación ayer del proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo confirmó la determinación del Gobierno de proseguir con los aspectos nucleares de la reforma, transfiriendo al trámite parlamentario la introducción de eventuales cambios o precisiones. Las posiciones irreconciliables del Ejecutivo y del PP sobre la modificación legal que autoriza el aborto libre en las primeras 14 semanas de gestación y combina luego plazos y condiciones aboca a una falta de acuerdo que debería tratar de paliarse, al menos, en aquellos elementos de la nueva ley que inciden en una educación sexual más orientada a prevenir las prácticas de riesgo. Junto a ello, sería una lástima que la negociación parlamentaria alentara aún más la controversia en un asunto tan sensible, máxime cuando el significativo repunte de los abortos en nuestro país remite a la existencia de un problema que afecta, antes que a nadie, a las mujeres enfrentadas a un trance tan íntimo y desgarrador. El Gobierno se acogió ayer a las valoraciones que le son más favorables del dictamen consultivo emitido por el Consejo de Estado, el cual cree constitucional la reforma, para defender su pertinencia. Pero su negativa a considerar recomendaciones como la de que los padres de las adolescentes de 16 y 17 años sí sean informados, salvo conflicto extremo, de la intención de sus hijas de abortar hace sospechar que el Ejecutivo ha priorizado la búsqueda del acuerdo parlamentario con los grupos más a su izquierda. Controvertido porque puede acabar ahondando la soledad de las menores ante una decisión tan trascendental y porque la autonomía debería extenderse a una educación sexual en la que las jóvenes tomaran plena conciencia de la responsabilidad que han de asumir sobre su sexualidad.