La juez Sonia Sotomayor debuta oficialmente en el Supremo

El Tribunal Supremo de EEUU ha celebrado la ceremonia formal de investidura de la magistrada de origen puertorriqueño Sonia Sotomayor que tendrá que ponerse a trabajar mañana mismo en un caso crucial para la democracia del país.

El acto, al que han asistido el presidente de EEUU, Barack Obama, el vicepresidente Joe Biden, el fiscal general Eric Holder, miembros de la comunidad hispana y amigos y familiares de Sotomayor ha tenido lugar en la sala de audiencias del Tribunal. Todos han podido ver a Sotomayor lucir por primera vez la toga larga y negra que usan los jueces del Supremo, a la que la juez ha dado un toque personal y femenino con un cuello bordado en blanco.

Pero Sotomayor no ha sido el único miembro del Supremo en personalizar su atuendo, ya que William Rehnquist, fallecido en septiembre del 2005, también dio un aire original a su toga al decorarla con cuatro bandas doradas en cada manga, a imitación de una túnica de la opereta Iolanthe de Gilbert y Sullivan, de quien el juez era admirador.

Sesión de fotos tras la ceremonia

Durante la ceremonia de hoy, oficiada por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, Sotomayor se ha comprometido a aplicar la justicia por igual a todas las personas y a hacer el bien tanto a pobres como a ricos. Finalizado el juramento, se ha sentado en el extremo derecho de la larga mesa de madera que preside la sala de audiencias junto a los otros ocho magistrados del Supremo, que al igual que ella ocupan el cargo de forma vitalicia.

Tras la ceremonia, la juez ha posado primero con Roberts frente a las escalinatas del Tribunal Supremo y después con sus familiares más allegados: su madre, su padrastro y su hermano y cuñada. "Decidme cuando tengáis suficiente", ha bromeado la primera magistrada hispana del Supremo y la tercera mujer en ocupar uno de los nueve puestos de la corte en los 220 años de historia del tribunal. Otra de esas mujeres, Ruth Bader Ginsburg, será compañera de Sotomayor en la máxima instancia judicial estadounidense, que tiene competencias en temas tan controvertidos como la pena de muerte o el aborto.

Mañana, a trabajar

Mañana, sin ir más lejos, el tribunal interrumpirá su receso veraniego -el periodo de sesiones no arranca tradicionalmente hasta octubre- para escuchar los argumentos de un caso que según señalaba hoy el diario The New York Times "podría cambiar la dirección de la democracia estadounidense".

El caso en cuestión, 'Ciudadanos Unidos vs FEC (Comisión Federal Electoral)' surgió a raíz del documental Hillary: la Película. La cinta, elaborada por el grupo conservador sin ánimo de lucro Ciudadanos Unidos, examinaba la trayectoria y personalidad de la ex senadora de Nueva York, en la actualidad secretaria de Estado. Los autores querían que el documental se hubiera difundido durante las elecciones primarias del año pasado pero la Comisión Federal Electoral determinó que la cinta violaba la ley de financiación electoral McCain-Feingold.

La citada ley prohíbe a las empresas hacer donaciones electorales a nivel federal. Dado que Ciudadanos Unidos recibe pequeñas aportaciones empresariales, los reguladores dictaminaron que la distribución de la pieza era ilegal. El caso voló mucho más alto hasta el punto de poner en tela de juicio las restricciones a las donaciones empresariales a los candidatos políticos. El tribunal decretó en 1990 que dada su "inmensa" riqueza, las empresas tenían la capacidad de silenciar las voces individuales en el diálogo político en el país.

Los jueces deciden si eliminar las restricciones

En 'Austin vs. la Cámara de Comercio de Michigan' el Supremo respaldó una ley estatal que prohibía a las empresas utilizar sus beneficios para financiar anuncios a favor o en contra de candidatos políticos. Ese precedente se reforzó en el año 2003 cuando el tribunal respaldó la ley de reforma de financiación electoral federal conocida como McCain-Feingold, que limita la influencia de empresas, sindicatos y otros grupos de interés en las campañas.

Los jueces decidirán el miércoles si eliminar esas restricciones. Los magistrados conservadores Anthony Kennedy, Antonin Scalia y Clarence Thomas están a favor de anular las restricciones, mientras que los jueces progresistas John Paul Stevens, Ruth Bader Ginsburg y Stephen G. Breyer están a favor de mantenerlas, al igual que lo estaba David Souter, a quien sustituye Sotomayor. Los analistas esperan que dada la trayectoria de la magistrada hispana ésta vote en la misma línea que Souter. Los grandes interrogantes son Roberts y Samuel Alito, que se han mostrado a favor de reducir las restricciones, pero hasta la fecha han sido reacios a declarar inconstitucionales las prohibiciones sobre los gastos corporativos.