Zapatero naufraga en el diálogo social pero evita la convocatoria de una huelga general

Los acuerdos de diálogo social (foro de debate y negociación entre Gobierno, empresarios y sindicatos) han dotado siempre de mayor eficacia la política aplicada por los poderes públicos. Pero en esta ocasión, el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha naufragado. El entendimiento en la mesa de negociación resultó imposible y la ruptura, estrepitosa con cruce de insultos y descalificaciones. Sin embargo, uno de los objetivos prioritarios del presidente se salvó. El fracaso, a diferencia de otras ocasiones, no derivará en una huelga general, como les ocurrió a sus dos últimos antecesores (Felipe González y José María Aznar). Zapatero luchará por mantener buenas relaciones con CC OO y UGT e impedir así protestas contundentes.

Las organizaciones empresariales y sindicales han tenido gran protagonismo en la historia reciente. Fueron pilar básico en el ámbito económico y social en la transición política y aparecen en el Título Preliminar de la Constitución como actores básicos de la estructura del sistema democrático para la defensa y promoción de determinados intereses.

El origen del diálogo social data de 1979, cuando CEOE y UGT firmaron el Acuerdo Básico Interconfederal (ABI), que sentó las bases de un nuevo sistema de relaciones laborales. Un año más tarde, ambas organizaciones cerraron el Acuerdo Marco Interconfederal (AMI) que abordaba aspectos salariales, productividad, tiempo de trabajo, etc. Ambos pactos son antecedente directo del Estatuto de los Trabajadores, aprobado en 1980, que estableció el marco jurídico de la negociación colectiva. Un argumento esgrimido por CEOE para sus últimas propuestas es que muchos capítulos de esta norma básica están obsoletos y se impone aprobar una profunda reforma laboral.

El Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) de 1981 fue el primero tripartito (Gobierno, patronal y los dos sindicatos). Debido al frustrado golpe de Estado, sus autores apostaron por reafirmar las libertades. Después llegaron, en 1983, el Acuerdo Interconfederal (AI), suscrito por CEOE y las centrales para abordar la reconversión industrial y, en 1984, el Acuerdo Económico y Social (AES) entre Gobierno, CEOE y UGT. Un año después, las divergencias entre el Ejecutivo, ya socialista, y CC OO sobre las pensiones provocaron la primera huelga general convocada exclusivamente por este sindicato. La protesta nada tuvo que ver con la desarrollada el 14 de diciembre de 1988 por las centrales contra la política de Felipe González.

Huelga en 1992

El enfrentamiento continuó y en 1992 hubo otra huelga, de media jornada, contra un decreto que recortaba la prestación por desempleo. González todavía tuvo que afrontar otro paro general en 1994. CC OO y UGT salieron a la calle contra la ampliación de las causas del despido y la regulación de las empresas de trabajo temporal.

La concertación social volvió a triunfar en 1997, tras llegar a La Moncloa José María Aznar. Patronales y sindicatos firmaron un acuerdo con nuevo contrato para fomento del empleo con una indemnización por despido de 33 días, frente a los 45 existentes. El Gobierno dio su visto bueno con satisfacción. En el año 2000, la mayoría absoluta del PP produjo un cambio en la actitud del Gabinete y el diálogo social entró en crisis. En junio de 2002 Aznar padeció una huelga que se llevó por delante al ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, y que dio marcha atrás en algunas medidas. Pero la indemnización por despido volvió a bajar, al suprimirse los salarios de tramitación.

Con la presencia de Zapatero en La Moncloa, tras las elecciones de 2004, arrancó otra etapa de entendimiento. En 2006, las tres partes alcanzaron el Acuerdo por el Crecimiento y el Empleo con medidas de impulso a la contratación indefinida, un plan extraordinario para la conversión de empleo temporal en estable y bonificaciones a las cotizaciones empresariales. Pero todo indica que aquel talante se ha perdido.