El juez deniega la nulidad de las escuchas en el asesinato de Marta del Castillo

El juez que investiga la muerte de Marta del Castillo ha rechazado la nulidad de las escuchas a los imputados en la cárcel, aunque ha ordenado que se destruyan los soportes magnéticos, digitales y las transcripciones de la parte de las conversaciones que mantuvieron con sus abogados. El juez de instrucción 4 de Sevilla, en un auto, reconoce que la interceptación de comunicaciones afectó al derecho fundamental de los acusados y a la confidencialidad de sus contactos con sus letrados, pero añade que tomó la medida «ponderando los valores y derechos afectados».

Así, frente al derecho constitucional de los acusados, «está también el derecho de la víctima, y por trasposición de su familia, a que su cuerpo sea encontrado y pueda recibir sepultura», dice el auto.

El juez razona que Miguel C.D., asesino confeso de Marta , «tuvo desde el inicio de la instrucción la firme intencionalidad de evitar que encontrásemos el cuerpo de su víctima, como también lo estuvieron los restantes imputados que colaboraron con él para hacerlo desaparecer».

Esta «falta de colaboración» hizo al juez autorizar el pasado 3 de marzo la interceptación de todas las conversaciones de los acusados en el locutorio de la cárcel, cuya nulidad han pedido los defensores por afectar a la confidencialidad de las relaciones profesionales del abogado.

El juez rechaza decretar tal nulidad y mantiene como válidas las conversaciones de los acusados por teléfono y en el locutorio con sus familiares, pero ordena la «destrucción física» de todos los soportes digitales o magnéticos, así como de las copias que pueda tener la Policía.

Dice el juez que el único objetivo de las escuchas era conocer «cualquier dato, revelación o desliz» que permitiera encontrar el cuerpo de Marta o al menos avanzar en las tareas de búsqueda, de las que recuerda que, en su última etapa en el vertedero de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se caracterizaron por la «penosidad y riesgo que asumieron todos los que en ella participaban».

El juez reprocha al autor confeso que ya desde la declaración en la que admitió «por propia iniciativa su participación en la muerte y violación» de la víctima, dejó «palmariamente constatada su intención de que no encontrásemos el cuerpo», para lo cual no dudó en «cambiar su versión sobre el destino» que había dado al cadáver.

«En tal tesitura, el Estado de Derecho debe agotar los medios a su alcance», dice el juez.

El actual alcalde de Estepona, el socialista David Valadez, y su compañera de partido, la concejala Cristina Rodríguez, fueron los primeros que denunciaron en noviembre de 2006 la presunta trama de corrupción político-urbanística en el Ayuntamiento, el denominado caso Astapa. La denuncia fue interpuesta el 16 de noviembre de 2006 ante la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de la Policía Judicial en Madrid cuando todavía los dos eran ediles, según recoge el sumario. El levantamiento parcial del sumario ha sido decretado hoy por la jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona (Málaga), Virtudes Molina, tras solicitarlo esta semana la Fiscalía Anticorrupción. Según recoge el sumario, los ediles interpusieron la denuncia al considerar que se estaban cometiendo hechos en el Ayuntamiento de Estepona que podrían ser constitutivos de distintos delitos desde junio de 2003, cuando ellos asumieron sus actas de concejal.

En la denuncia se destacan los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos, entre otros.

«Favores»

Además, un informe policial incluido en el sumario revela que en el Ayuntamiento eran comunes el enchufismo y los pagos por parte de empresas a cambio de «favores» como determinadas concesiones administrativas. Otro de los aspectos a los que hace referencia es a la «gran cantidad» de terrenos que fueron recalificados para ser construidos tras la adjudicación mediante convenios «en los que se determina la cantidad de dinero que tienen que aportar al Ayuntamiento». De las conversaciones puede desprenderse una serie de actividades «irregulares» que consistirían en «la solicitud por parte de los miembros del Ayuntamiento de diversas cantidades de dinero, probablemente ajenas a las cantidades estipuladas».

De los 63 imputados, 23 están en libertad con diversas fianzas y 40 en libertad sin fianza.