Violencia transversal

El cruel asesinato de Nainobys A.M. dominicana de 22 años, madre de una niña, presuntamente por su compañero sentimental, de 24 años y nacionalidad boliviana, en un piso de la localidad madrileña de Fuenlabrada cerraba el sábado una semana de trágica concentración de agresiones de violencia machista que sitúa brutalmente a la sociedad española frente a un lacerante problema que pese a los ingentes esfuerzos no acaba de ceder. Un incendio intencionado en la Línea terminó con la muerte de una mujer de cuarenta años, horas después otra mujer era asesinada en Las Palmas, días antes la Policía descubría al descuartizador de Elche y, en la misma semana, un hombre de ochenta años, presuntamente, acababa con su esposa en Parla (Madrid).

La cadencia siniestra registra una combinación de perfiles asesinos que no responden a un patrón común sino que afectan de forma transversal al conjunto de la sociedad concerniendo a jóvenes y ancianos, españoles y extranjeros, de procedencia urbana o rural, con orden de alejamiento o sin ella. Pero en la gran mayoría concurre la circunstancia de que la muerte sorprendió a las víctimas sin que nadie en su entorno familiar o social diera la voz de alarma y efectuara la necesaria denuncia que podría haber activado los mecanismos de protección policial. La pasividad del entorno familiar y social ante los malos tratos, los golpes continuados, el acoso sicológico en el hogar, se ha detectado como una de las claves de la impunidad con que el agresor puede ir tejiendo su trama criminal. En ese sentido, el combate institucional contra la violencia machista parece ir todavía un paso por delante de la lucha social que demandaría una mayor implicación del entorno de las personas amenazadas o simplemente hostigadas. Pero para avanzar en ese terreno y completar la tarea que progresivamente mejora en la implicación sanitaria, judicial y municipal, apremia el enfoque del problema a partir de un Pacto de Estado. La prometida y aún no convocada Conferencia de Presidentes autonómicos podría elaborar una hoja de ruta para que la acción política actúe como catalizador de una sociedad que no puede resignarse pasivamente al goteo fatídico de víctimas de la lacra de la violencia de género.