Los funcionarios de prisiones denuncian «inseguridad» por la falta de vigilantes

Los funcionarios de los centros penitenciarios de El Puerto están desbordados. Con tres prisiones y la mayor población reclusa de Europa -alrededor de 3.000 presos-, los trabajadores temen por su seguridad debido a la falta de vigilancia. Aunque la plantilla alcanza los 1.500 funcionarios, el número de ellos dedicados a la vigilancia es muy inferior, siendo la proporción de dos vigilantes por cada 120 internos. De esta forma, según denuncia el sindicato, puede darse el caso de que un funcionario se encuentre solo para controlar un módulo habitado por 80 personas. En ocasiones, la entrada de los reclusos al comedor es controlada sólo por dos empleados, lo que, según fuentes del sindicato ACAIP, «supone un riesgo para nuestra integridad física».

La solución planteada por Acaip es la elaboración de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que se ajuste a las necesidades reales de los tres centros penitenciarios. Acaip cifra en 500 los nuevos vigilantes que necesitan las prisiones de la ciudad. El sindicato recuerda que la actual RPT fue aprobada en 2000, por lo que «es urgente su actualización», una opinión que no comparten desde la dirección de las cárceles portuenses.

Los funcionarios de prisiones también echan en falta medios técnicos que les proporcionen mayor seguridad, puesto que en los casos de Puerto I y Puerto II, adolecen de sistemas de videovigilancia. «Al no haber cámaras en las galerías, un funcionario puede recibir una paliza durante un registro sin que nadie se entere y pueda venir a ayudar», se queja Juan Carlos Sánchez, representante de ACAIP.

Toda esta falta de seguridad también es extensible a los internos. Como explica Juan Carlos, «si no tenemos recursos y, sobre todo, personal suficiente, nos es más complicado evitar accidentes, agresiones y ajustes de cuentas». A juicio de muchos funcionarios, lo único que impide que las prisiones sean un caos es «la dilatada experiencia y la profesionalidad del equipo», que suele estar cuidadosamente escogido para trabajar en los tres centros.

Otro motivo de indignación para la central sindical es que, mientras «se recorta salvajemente en gastos necesarios para el mantenimiento de los centros, se producen auténticos despilfarros de dinero». Como ejemplos de estos despilfarros destacan «la instalación de televisores de plasma en toda las celdas de los centros de nueva construcción, la compra de bicicletas de montaña de más de 750 euros para los internos, las salidas de éstos a balnearios o a cenas en restaurantes típicos, o el aumento de altos cargos y asesores destinados a dedo».

Por todo ello, el próximo miércoles, los afiliados de ACAIP en Puerto I, Puerto II y Puerto III celebrarán un asamblea en la que analizarán la situación de las prisiones portuenses y de todo el Estado. En el encuentro se discutirán medidas de presión que podrían ponerse en práctica en breve, como paros temporales, manifestaciones y una huelga de celo. En este caso, los funcionarios se limitarían a cumplir con lo que estrictamente establece la Ley Orgánica y el Reglamento de Prisiones. Esta medida podría «provocar un auténtico colapso en las prisiones», según apuntan miembros del sindicato.