Juez objetor

La decisión del Supremo de rechazar que los jueces puedan objetar ante la celebración de las bodas de parejas homosexuales incide en la obligada sumisión de los funcionarios públicos -en este caso, quienes imparten Justicia- a los principios de la legalidad. El Alto Tribunal ratifica así el acuerdo previo adoptado por el Consejo del Poder Judicial, que negó a un juez de Sagunto el derecho a inhibirse ante los enlaces gays y su inscripción en el Registro Civil, que depende de él. La admisión de esa solicitud habría supuesto introducir una excepcionalidad difícilmente sostenible a la luz de nuestro ordenamiento, máxime cuando, como apunta el Supremo, la petición del juez se refería a una función técnica desvinculada «de toda práctica religiosa». La objeción de conciencia no puede anteponerse al predominio de la ley que configura el Estado democrático, ni tener un carácter ilimitado.