Los grupos políticos asumen que la reforma pactada de las pensiones será de «mínimos»Un problema aritmético

Es imprescindible reformar el sistema público de pensiones para su viabilidad futura, pero de manera moderada y jamás traumática, según los grupos parlamentarios que integran la comisión del Pacto de Toledo, encargada precisamente de garantizar el sistema público de protección social en los años venideros. Tras esta conclusión pretenden trabajar sin publicidad, de forma discreta pero intensa, con el objetivo puesto en que antes de que acabe la legislatura aquel pacto firmado en 1995 en la ciudad que le da nombre sea renovado por segunda vez. La primera tuvo lugar en 2003, cuando La Moncloa estaba ocupada por José María Aznar.

El debate para los cambios se inició en noviembre de 2008. Durante 2009, expertos y representantes de instituciones y organizaciones de peso comparecerán en la comisión para exponer sus ideas. El titular de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha señalado que durante 2010 sería conveniente que los grupos analizaran las propuestas lanzadas e intentaran fijar conclusiones, para que en 2011 «se concreten en normas legislativas». Con independencia de este calendario, el ministro recordó que la reforma de las pensiones también se abordará en la mesa de diálogo social, en la que junto al Gobierno participan patronales y sindicatos.

Sus señorías desean desarrollar su labor sin escándalo ni repercusiones, como la registrada hace unas semanas cuando el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cuestionó el superávit de la Seguridad Social para 2009, debido al acelerado deterioro de las cuentas. Estas declaraciones produjeron un profundo malestar en el ministro Corbacho, quien criticó la incertidumbre creada a cerca de 8,5 millones de pensionistas. No está claro que los diputados puedan conseguir su propósito. Todavía quedan comparecencias polémicas. Por ejemplo, el presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, tiene que pasar por la comisión, al igual que lo han hecho los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez.

Es la primera vez que el Parlamento aborda la renovación del Pacto en época de crisis, circunstancia que en palabras de Corbacho carece de consecuencias, puesto que los resultados de las reformas se deben proyectar «con faros largos», dado que hasta el año 2023 la financiación, vía cotizaciones, está garantizada.

Contributividad

Entre los cambios más barajados figuran la ampliación de los 15 años laborales contabilizados para calcular la cuantía de la jubilación y la reestructuración de la viudedad. Casi la totalidad de los grupos se reafirma en la idea de que es preciso reforzar el principio de contributividad, basado en acercar lo más posible la retribución del retiro a la aportación realizada durante la vida laboral, iniciativa considerada elemento esencial para la preservación del equilibrio financiero del sistema.

Por su parte, el secretario de Estado, Octavio Granado, ha recordado que en la pensión de viudedad ya se han hecho reformas importantes, como la de extender la prestación a las parejas de hecho, pero reitera que es preciso profundizar más en los cambios. Resalta que existen dos colectivos diferenciados. Están aquellos perceptores, mayores de 65 años, cuya única renta es la pensión y las nuevas generaciones, donde hombres y mujeres trabajan por igual.

Granado se inclina por mejorar la protección de los viudos y viudas mayores, sobre todo de quienes viven solos, y reorganizar la pensión para quienes pierdan al cónyuge y mantengan ingresos de distinta índole, entre los que figuraría su propio salario. Argumenta que se trata de dar un giro de modernidad a la viudedad, ante una sociedad que ha variado significativamente con la incorporación de la mujer al mercado laboral y otras situaciones no contempladas en el pasado como el divorcio. Desde las filas socialistas, se ha apuntado la conveniencia de reflexionar sobre la duración de la prestación de viudedad, con la pregunta de si su permanencia debe ser vitalicia.

El Gobierno ha descartado que la evolución negativa de los precios repercuta en la subida anual de las pensiones. Estas prestaciones crecen cada año -desde 1997, en que comenzó a aplicarse el Pacto de Toledo- la inflación prevista, que últimamente se establece en el 2%, de acuerdo con la recomendación del Banco Central Europeo. Además, no existe ningún precepto legal que obligue a un incremento menor, aunque el comportamiento definitivo de los precios durante el ejercicio anterior haya sido inferior al porcentaje utilizado para la subida de las pensiones.

En 1997 y 1998 ya se produjo el hecho de que la inflación real fue inferior a la estimada. Así, los pensionistas recuperaron poder adquisitivo (seis y siete décimas respectivamente). La norma contaba entonces con una cláusula de absorción que equilibraba la subida de las prestaciones a la de los precios. Sin embargo, expertos y juristas llegaron a la conclusión de que era imposible poner en práctica esa fórmula por su complicada aplicación aritmética, lo que originó su posterior desaparición.