Uribe y la libertad de expresión

Lo peor que puede ocurrirle a la libertad de expresión es que alguien la palme por ejercerla. Le ocurrió el pasado viernes a José Everardo Aguilar, un periodista colombiano al que alguien, con el pretexto de entregarle un sobre con fotografías, irrumpió en su casa del municipio de Bordo, en el departamento de Cauca y le descerrajó seis tiros, uno de los cuales le impactó en la cabeza: ese raro utensilio que alguna gente usa para pensar.

El plumilla tenía 72 tacos, diez hijos y un par de narices. Trabajaba en Radio Super, una emisora desde cuyos micrófonos solía denunciar la corrupción administrativa y política, algo común en Colombia si se tiene en cuenta que a su presidente, Álvaro Uribe, le acusan de una misma tacada de fraude en las urnas, de financiar su campaña electoral con dinero del narcotráfico, de sobornar parlamentarios para facilitar su reelección, de incurrir en terrorismo de Estado en complicidad con los paramilitares y de violar la soberanía nacional de Ecuador y de Venezuela, so pretexto de perseguir a la guerrilla.

De momento, eso sí, ha prometido una recompensa de 50 millones de pesos para quien identifique a los asesinos. Si hemos de hacerle caso a las estadísticas, el crimen tiene todas las papeletas para quedar impune. Como el de otros 70 comunicadores muertos en acto de servicio en dicho país, en la década que media entre 1997 y 2007, cuando se cargaron a Elacio Murillo Mosquera, corresponsal de El Tiempo, mientras estaba en una heladería. Por no hablar de los fotoperiodistas Rafael Bruno, Carlos Alberto Jamarillo y Julio Cesar García o de Javier Darío Arroyave, director de Radio Ondas del Valle.

Ése fue también el caso del periodista Orlando Sierra, asesinado en febrero del 2002 cuando curraba como subdirector del periódico La Patria, en Manizales. En aquella ocasión detuvieron al autor material del homicidio, pero sólo cumplió cinco años de prisión de los veinte a los que ascendió su condena y nunca se supo quien había contratado al sicario.

Reporteros Sin Fronteras, por otra parte, sitúa a Colombia en una de las últimas posiciones en cuanto a la protección de la libertad de expresión en América. Tan sólo le superan Cuba y México. Porque no sólo cabe hablar de asesinatos o secuestros. También de autocensura o de exilio: numerosos periodistas han tenido que poner pies en polvorosa bajo amenazas de grupos armados, no siempre sin licencia de armas: podemos ponerle nombres como los de Giovanni García, un locutor que denunciaba la corrupción política en el norte del país, o Gonzalo Guillén, corresponsal en Colombia del diario El Nuevo Herald, de Miami, que tuvo que asumir su traslado forzoso tras verse acusado por el propio presidente y recibir, a partir de ese momento, una larga ristra de amenazas.

Vamos que digo yo que el prócer colombiano Álvaro Uribe sea el destinatario del primer premio Cortes de Cádiz a la libertad. Y que, para colmo, lo reciba hoy, cuando en la capital gaditana se está celebrando el Festival Internacional de la Libertad de Expresión con el que la Asociación de la Prensa pretende defender justamente todo lo contrario a lo que ese individuo representa.