El fiscal rechaza que España investigue sobre GuantánamoSáiz seguirá como director de los servicios secretos

La Fiscalía de la Audiencia Nacional rechazó ayer la admisión a trámite de la querella interpuesta contra seis abogados y juristas estadounidenses por elaborar y poner en funcionamiento el andamiaje legal que permitió el modelo de prisión en Guantánamo, símbolo de la guerra contra el terrorismo de George W. Bush. El fiscal Javier Zaragoza considera que no es posible iniciar «una causa general» contra la existencia de la cárcel porque la demanda tendría que haberse presentado contra el autor o autores de torturas documentadas, y no contra los asesores que maquinaron el 'limbo jurídico' del penal de la isla de Cuba.

La decisión del Ministerio Público pone freno a que el juez Baltasar Garzón, en cuyo juzgado de instrucción recayó la querella presentada por la Asociación Dignidad de los Presos y Presas de España, inicie la investigación sobre Guantánamo. El fiscal recuerda a los querellantes que la Justicia española es «subsidiaria» en esta causa y que, de cualquier forma, ésta debería haberse presentado primero en Estados Unidos.

Asimismo, alega que los seis demandados, entre ellos un consejero del ex vicepresidente Dick Cheney, David Addington, o el asistente del fiscal general Jay. S. Bybee, no son culpables directos de la comisión de torturas. Y añade que, en todo caso, el juzgado de instrucción competente para investigar estos hechos hubiera sido el número dos, cuyo responsable es Ismael Moreno, que en la actualidad instruye la causa sobre los vuelos ilegales de la agencia secreta estadounidense a Guantánamo que hicieron escala en territorio español.

Decanato, instancia que dirige el juez Santiago Pedraz y que se encarga del reparto de causas, había remitido a Garzón la querella porque los autores señalaban que debía investigarse en la causa en la que el magistrado estudia presuntas torturas a varios ciudadanos españoles o residentes en España, que llegaron a estar presos en Guantánamo. Tras la intervención ayer de la Fiscalía, Garzón decidió remitir todo el material al Decanato para que vuelva a distribuirse.

En su demanda, los querellantes acusan a los arquitectos jurídicos de Guantánamo de privar de derechos fundamentales a los prisioneros, disponer métodos de tortura y «establecer la más absoluta impunidad» para con todo el personal que ha trabajado en el penal cubano. Según su demanda, desde el 2002 han estado recluidos en este campo de prisioneros cinco ciudadanos españoles o con residencia en España y, al menos, 528 de otras nacionalidades.

El Gobierno decidió ratificar a Alberto Sáiz como director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), una vez que el próximo lunes concluía su mandato al frente del principal servicio secreto español, formado por 3.100 agentes y con un total de 255 millones de presupuesto. Será en el Consejo de Ministros del próximo viernes cuando se haga oficial su continuidad. Debido a que la ley establece de forma escueta que el mandato será de cinco años - no dice nada de si éste se puede prorrogar o no-, el Ejecutivo procederá a aprobar un nuevo decreto de nombramiento para que no parezca que el jefe de los espías ejerce su cargo «en funciones».

Su renovación despeja los rumores sobre una eventual salida por las dudas legales que planteaban su continuidad o algunos claroscuros que han acompañado su dirección, dependiente de Defensa.

El error más sonado para un departamento acostumbrado al secretismo se produjo con la detención del ex espía Roberto Flórez, el 24 de julio de 2007. En una rueda de prensa sin precedentes, Sáiz reveló que el agente había vendido información a los rusos entre los años 2001 y 2004. La polémica volvió a saltar un mes después de que reconociera seguimientos al entonces presidente de Endesa, Manuel Pizarro, aunque se limitó a decir que fueron «una casualidad».

La banda terrorista ETA ha intensificado «notablemente» las cantidades de dinero que exige a los empresarios navarros a través de cartas de extorsión, según el presidente de la patronal navarra, José Manuel Ayesa, quien ha dicho que ha llegado a demandar más de 100.000 euros y en ocasiones hasta 400.000.

«Si la horquilla habitual se encontraba entre 20.000 y 60.000 euros, ahora supera los 100.000 e incluso en algunas se aproxima a los 400.000», señaló ayer el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), que en declaraciones a los medios ha vuelto a confirmar un aumento en los dos últimos meses del número de cartas y de los importes exigidos.

El presidente de la patronal navarra lamentó que «los envíos son continuos» y que ya no se puede hablar de «nuevas remesas» puesto que «no hay una sola semana» en la que no haya noticias de que algún empresario «ha recibido una carta». Pero no todos los empresarios «denuncian o nos comunican» que la banda terrorista les ha exigido el pago del «impuesto revolucionario», continuó Ayesa, por lo que «saber el número es complicado», aunque sí ha dicho tener constancia de que, al menos en Navarra, «cada vez son menos los empresarios que sucumben ante las amenazas».

También explicó que no hay ninguna modificación en cuanto «al funcionamiento de extorsión de la banda», aunque subrayó que «la falta de financiación que recibe a través de otros canales y la ilegalización de los partidos políticos» implica que «al no contar con cargos públicos, que podrían derivar los ingresos, a la banda terrorista no le quede otra opción que los empresarios». Ayesa concluyó que la extorsión en Navarra y en el País Vasco «no ha cesado en ningún momento desde hace muchísimos años», aunque «en unas etapas se intensifique más que en otras, y ahora estamos viviendo un momento en el que se intensifican».