Los promotores pretenden que el Estado asuma los pisos que no pueden vender

Tras los muchos años de vino y rosas de los que ha disfrutado el ladrillo español, muchos promotores viven hoy con el agua al cuello, y quieren que el Estado les saque del atolladero. El sector acumula más de 300.000 millones de euros en créditos que pidieron para levantar unas casas que ahora no logran vender.

Un lastre financiero que ahoga a los constructores en muchos casos hasta la asfixia, que llega en forma de quiebras y concursos de acreedores. La gran patronal del sector (Apce) reclamó ayer al Estado que asuma parte del stock, cifrado a cierre de 2008 en casi un millón de unidades.

La propuesta, lanzada por el presidente de la organización, José Manuel Galindo, supondría la creación de una empresa pública que avalara o se subrogara (se quedara) esos créditos millonarios y dedicara después las casas al mercado del alquiler o, incluso, al de la compra.

Con las rentas que lograra el Estado o la administración correspondiente por los arrendamientos o las transmisiones se pagarían después los préstamos. Una forma sencilla de convertir el riesgo promotor en riesgo de Estado.

Esta 'solución mágica' a los problemas de los promotores tendría, añadió Galindo, un marcado «carácter social», al elevar el exiguo parque de casas en alquiler español, a años luz del europeo.

«Al Gobierno le da miedo decir que ayuda al sector inmobiliario; pero no sería así, sino que se estaría incentivando la creación de empleo y la riqueza y, además, no tendría coste para las arcas públicas porque hablamos de pisos ya financiados», añadió.

A su juicio, la dureza de la crisis obliga a buscar soluciones inmediatas: «la vivienda es un derecho constitucional, y parece lógico que la Administración destine los fondos necesarios». Y para apuntalar su teoría, Galindo advirtió de que si no se toman medidas pronto, el sector está abocado a perder 889.000 empleos directos e indirectos en sólo dos años.

La patronal aspira a trasladar en breve su propuesta a la nueva ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado. Sin embargo, el Ministerio de Vivienda, a través de la directora general de Arquitectura y Política de Vivienda, Anunciación Romero, tardó apenas media hora en dejar claro a la Apce que su idea no tiene ningún viso de prosperar.

Romero recordó a los promotores que el Plan de Vivienda 2009-2012 ya ha dispuesto medidas excepcionales durante este año para ayudarles a dar salida a su 'stock', convirtiendo pisos libres en protegidos.

Ayudas, eso sí, que pasan por un abaratamiento del precio de las casas. Algo a lo que los promotores no parecen muy dispuestos. El departamento de Beatriz Corredor, por otra parte, explicó que el mercado libre se ha abaratado un 6,8% interanual en el primer trimestre, hasta niveles de 2006.

Mensaje contradictorio

En un mensaje notablemente contradictorio, José Manuel Galindo criticó y pidió colaboración, todo a un tiempo, a las entidades financieras. Por un lado, el presidente de la patronal cargó de forma muy dura contra bancos y cajas, a los que acusó de realizar una «competencia desleal».

En los últimos meses, el sistema financiero se ha convertido, muy a su pesar, en la gran inmobiliaria del país, al recoger activos por valor de más de 10.000 millones de euros. Pisos, locales, naves industriales o centros comerciales que las entidades se adjudican ante el impago de los créditos de familias y promotoras y que después sacan al mercado, bien de forma individual o a través de plataformas conjuntas.

Un rival que los promotores no esperaban y que en cierto modo les ha superado. «Se pueden estar vulnerando algunos derechos; es inconcebible que yo tenga que competir con un señor del que dependo. Además, no es su negocio», espetó José Manuel Galindo. «Queremos hablar con ellos porque es contraproducente e ilógico que ellos den mejores condiciones a los compradores de las que nos dan a nosotros», añadió.

A continuación, José Manuel Galindo propuso a los principales actores del mercado financiero abrir una nueva etapa de colaboración para replicar el acuerdo alcanzado recientemente entre la Apce y el banco Santander. Según este pacto, los promotores rebajan los precios de aquellos pisos nuevos que financió la entidad cántabra y ésta, a su vez, presta el dinero a los compradores en condiciones ventajosas. Todos salen ganando. Unos colocan las casas y otros evitan morosos.

Una de cal y otra de arena. No fue la única, pues aunque reconoció que la vivienda se sigue abaratando, Galindo insistió en que «un piso sigue siendo una buena opción no sólo para vivir sino incluso como inversión».