Pensiones sostenibles

E l Gobierno y los agentes sociales se han opuesto con una inusual contundencia a las advertencias del gobernador del Banco de España sobre la posibilidad de que el superávit de la Seguridad Social se agote este año por efecto de la crisis y sobre la necesidad tanto de reformar el mercado laboral, como de alargar la edad de jubilación. Fernández Ordóñez se atuvo en su comparecencia parlamentaria a los criterios que ya ha expresado en ocasiones precedentes, aunque sí cabe reprobar que lo hiciera en unos términos que pueden inquietar a quienes albergan temores sobre el futuro de sus pensiones. Una de las responsabilidades inexcusables de los representantes institucionales y públicos ante la etapa de dificultades que atravesamos es calibrar el alcance de sus estimaciones, especialmente si éstas no pueden apoyarse en datos indubitables. El ministro de Trabajo negó ayer de manera tajante el pronóstico sobre la solvencia de la Seguridad Social formulado por Fernández Ordóñez. Pero su airada respuesta también alimenta una polémica que no sólo intranquiliza a la ciudadanía, sino que le hurta un análisis sosegado sobre una revisión del modelo de prestaciones que no podía ya obviarse antes de la crisis y que ahora se ha convertido en obligado. Las previsiones de los últimos años han vaticinado que el sistema podría entrar en déficit entre 2015 y 2029, pero este último límite parece condenado a ser rebajado si la recesión se prolonga y se agudizan las consecuencias sobre el empleo, las cuales recaen además en una sociedad que ha de afrontar las demandas de una población envejecida. Es lógico que las generaciones de españoles que comenzaron a trabajar a edad temprana y en condiciones en ocasiones muy desfavorables aspiren a jubilarse a los 65 años, un límite cuya ampliación, sobre todo cuando hay aún tantos ciudadanos repercutidos, requiere del mayor consenso posible. Pero las medidas introducidas ya en el régimen de la Seguridad Social, que incentivan el aplazamiento a del retiro hasta los 70 años, sientan las bases hacia un cambio que debe redundar en una vida activa más flexible, que permita conjugar los derechos y las expectativas de los cotizantes con los requerimientos de las empresas y la sostenibilidad de las pension