La madre de la menor mauritana pide la mediación de la Reina Sofía para evitar ir a la cárcel

La Audiencia Provincial decidirá en los próximos días si los padres de la menor mauritana, condenados por sentencia no firme, deberán ingresar ya en prisión. La vista celebrada ayer para dirimir esta cuestión terminó en protesta ante las puertas del edificio de la Cuesta de las Calesas. Un nutrido grupo de miembros de la comunidad mauritana de Puerto Real, donde reside la víctima y sus progenitores, arroparon a los procesados. Sin embargo, esa situación puede cambiar si el tribunal acepta el recurso elevado por la Fiscalía, quien pide el ingreso en prisión del matrimonio mientras se pronuncia el Supremo. Tres son los motivos que alega el Ministerio Público: falta de arraigo, peligro de fuga y el riesgo que corre la adolescente con sus padres en la calle.

En la cárcel, en cambio, sí se encuentra el marido de la joven, el tercer condenado a 13 años de cárcel, en una causa nacida a raíz de la denuncia presentada en 2007 por la menor, que en esos momentos contaba con 14 años. La adolescente aseguró entonces que le habían obligado a casarse y forzado a mantener relaciones sexuales. Pese a que la justicia española no entró a enjuiciar la validez del enlace matrimonial, celebrado en Mauritania, y el juicio se basó exclusivamente en determinar si la víctima sufrió o no una agresión sexual, el choque entre dos culturas ha estado latente desde el inicio.

Carteles en los que se pedía respeto a la tradición musulmana o en los que se recordaba que ellos también pertenecen a la alianza de civilizaciones promovida por Zapatero, se podían leer ayer en las puertas del Palacio de Justicia, donde también acudieron periodistas mauritanos para cubrir una noticia que ha cruzado el Estrecho. En el país africano, según informaciones difundidas por internet, se ha traducido la condena a los tres procesados por haber concertado un matrimonio y no por un delito de índole sexual.

«La niña está diciendo una gran mentira. Es un montaje de la familia española». Esta declaración fue realizada por el progenitor de la menor, Mohamed Ould Abdallahi, al término de la vista. Sobre él pesa una condena de un año y medio, pero la Fiscalía ha solicitado al Supremo que también lo condene por maltrato habitual, lo que supondría un año más y la imposibilidad de acogerse a una suspensión de la ejecución de la pena.

Su abogado, José Álvarez, defendió que no había riesgo de fuga, como alegaba la fiscal, y que no había motivo para enviarlos a prisión sin que hubiera un fallo definitivo. «Mis clientes están dispuestos a desplazarse a otra ciudad y yo a comunicar a la Justicia su nueva dirección para demostrar que no quieren hacer ningún daño».

La familia española a quien se refieren los acusados es el matrimonio de Puerto Real que ha cuidado a la joven desde que tenía tres años, aunque no tienen ninguna vinculación legal, como la acogida, que lo auspicie. Los condenados han sostenido desde el inicio de la causa que la menor había sido influenciada por la familia española porque pretende asumir la custodia.

Pero la figura que acaparó la atención de todos los medios fue la de la madre, Hawa Mint Cheik, quien llegó a desmayarse durante una entrevista con una televisión árabe y después de llegar a pedir la mediación de la Reina Sofía para evitar la cárcel. Y es que sobre ella pesa la condena más elevada, 17 años, al considerar el tribunal que su participación fue esencial para que el marido de la menor consumara la agresión sexual. Ella también apeló a la mentira: «Por favor, pido a la Reina Sofía ayuda para esta familia que tiene una niña que nos va a llevar a la cárcel por una gran mentira».

La fiscal, por su parte, también esgrimió el último episodio vivido en el centro escolar donde estudia la joven en Puerto Real antes de Semana Santa. Hawa Mint Cheik se encontró allí con su hija, quebrantando la orden de alejamiento. La menor dijo que se le había acercado de manera amenazante y hablándole en árabe. Dicho episodio concluyó con la detención de la madre. La fiscal Lorena Montero lo utilizó para reforzar sus argumentos de que se ponía en riesgo a la menor si continuaban sus padres en libertad. El abogado de la defensa le respondió que la condenada había acudido al instituto porque le había llamado el director para recoger una documentación.

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